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Los recursos de funcionarios bloquean el Tribunal Superior de Justicia

Miles de empleados públicos han presentado demandas por la bajada de sueldo

Cuando el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció el pasado 12 de mayo que iba a bajar el 5% de los sueldos a los funcionarios, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se dieron cuenta de que la medida les iba a traer problemas. Y muchos. No se estaban preocupando solamente por su nómina, que también se vería mermada, sino porque tendrían que ver todas las demandas y los recursos que plantearan los trabajadores públicos de toda España. Eso supone que en la actualidad las salas de lo contencioso-administrativo del este tribunal están colapsadas de casos y que los jueces no dan abasto a estudiarlos, según afirman fuentes judiciales.

La razón de que el Tribunal Superior madrileño esté sobrepasado de asuntos es que centraliza las demandas de todo el territorio nacional, incluidas las de las Embajadas en países extranjeros.

Es decir, si un funcionario cree que la bajada de su sueldo es ilegal tiene que recurrir primero al organismo que ha dictado la reducción de su salario. Como en principio su solicitud será desestimada en primera instancia, deberá acudir a la justicia, en este caso al tribunal contencioso-administrativo. Y ahí es donde entran en juego los jueces madrileños. Como la capital es la sede de todos los organismos centrales, en especial los Ministerios y las empresas públicas, todo aquel funcionario que quiera presentar un recurso debe interponer la demanda en Madrid.

Por ejemplo: un policía nacional que trabaje en Fuengirola (Málaga) deberá recurrir ante el Ministerio del Interior, cuya sede central está en la capital. Consecuencia: su caso lo estudia el TSJM. Aparte de la Administración central, también estudian las demandas de los funcionarios del Gobierno regional y de los 179 Ayuntamientos de la región. Los restantes dependerían de los Tribunales Superiores de la comunidad autónoma correspondiente.

"Solo con los recursos de los guardias civiles, los policías nacionales y los militares tenemos un número muy elevado de demandas, lo que nos supone un tremendo esfuerzo para sacar adelante todo el trabajo", reconoce el responsable de las secciones de lo contencioso-administrativo y número dos del TSJM, Gerardo Martínez Tristán. Este magistrado tiene a su cargo a 52 jueces, casi el doble de los 33 que hay en la sala 3ª del Tribunal Supremo o los 40 que trabajan en la Audiencia Nacional.Zapatero anunció que la bajada del sueldo de los funcionarios en 2010 y la congelación en 2011 supondría un ahorro de unos 4.000 millones de euros para las arcas públicas. Y su aplicación oscilaría en función de las categorías laborales. Según se cobrara más, los descensos en las nóminas serían más pronunciados.

En el caso del presidente, los ministros y los secretarios de Estado llegarían hasta el 15%. La medida no se empezó a aplicar hasta el verano, lo que hizo que gran parte del año fuera relativamente tranquila para los jueces de lo contencioso-administrativo. Tras el parón estival y las llegadas de las primeras nóminas con las rebajas salariales llegaron los problemas para el TSJM. En lugar de las 1.900 o 2.000 demandas que reciben las 10 secciones de este tribunal por mes, se dispararon hasta superar ampliamente las 3.000, según explicaron fuentes judiciales a este periódico. En algunos casos rondó las 4.000.

Además, algunos sindicatos hicieron demandas tipo y animaron a sus afiliados a que recurrieran una medida que consideraron ilegal y que vulneraba ampliamente los derechos laborales adquiridos.

Gerardo Martínez Tristán y su equipo han propuesto una solución para acabar con el colapso de papeles que entran en su sección. A través de un modelo de sentencia pretenden acabar con duplicidades y sentencias contradictorias. Para ello, unificarán toda la doctrina tras estudiar los casos más significativos, aplicar las normas vigentes y analizar la jurisprudencia actualizada. Una vez firmado ese fallo tipo, se hará extensible a todos los funcionarios de un mismo organismo o los que planteen principios jurídicos similares. Los primeros resultados se podrían ver en febrero, según fuentes judiciales, cuando se espera que haya terminado la avalancha de demandas de los últimos meses. "Si se plantea una sentencia muy bien fundamentada, con una explicación muy clara, el recurrente muchas veces desiste de acudir al Tribunal Supremo. Además, resulta bastante caro ese recurso y suele llevar mucho tiempo", asegura Martínez Tristán.

800 casos por magistrado

Las salas de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) están a la cabeza del número de casos que resuelven, si se las compara con otras comunidades autónomas. De media, cada magistrado firma unos 325 casos. Sin embargo, en el tribunal madrileño la carga de trabajo aumenta considerablemente, según reconoce el responsable de esta sección, Gerardo Martínez Tristán. Solo en 2008 los jueces que están a su cargo despacharon una media de 800 asuntos, lo que supone un 250% más que sus homólogos. Hasta el pasado mes de septiembre de 2010, antes de la avalancha de demandas, llevaban 525 casos.

En la sección de lo Contencioso-administrativo trabajan 52 magistrados. Los casos suelen tardar menos de un año en ser resueltos, salvo excepciones, como cuando hay peritajes complicados.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 10 de enero de 2011

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