PP y PSE unen fuerzas en Álava para exigir a la Diputación datos fiscales del 'caso De Miguel'

A pesar de las serias diferencias que les separan en Álava, los grupos del PP y PSE en las Juntas Generales registraron ayer una iniciativa para forzar que la Diputación entregue unos datos fiscales sobre el caso De Miguel. El ente foral se negó a dar la información a la comisión del legislativo provincial que investiga su actuación en la trama que gira en torno a una importante recalificación de terrenos en el municipio de Zambrana cuando el ex diputado foral Alfredo de Miguel era el máximo responsable urbanístico del territorio. La cuestión está incluida en el sumario de la causa investigada por el juzgado de Instrucción número cuatro de Vitoria.

Los datos que la Diputación se negó a entregar corresponden a las operaciones de más de 3.000 euros realizadas por cuatro sociedades vinculadas a la trama. La actual normativa no obliga al Departamento foral de Hacienda a remitir datos fiscales de empresas a los grupos, solo de personas físicas. Esto impide que la comisión acceda a información tributaria de entidades jurídicas relacionadas con las presuntas irregularidades urbanísticas en Zambrana.

Ante esta situación, PP y PSE optaron por presentar una proposición de normal foral con carácter urgente, sobre todo teniendo en cuenta que la disolución de la Cámara foral está próxima debido a las elecciones municipales y forales de mayo. Aralar planteó durante el verano una iniciativa con el mismo objetivo que fue rechazada y anunció días atrás su intención de volver a intentarlo.

La iniciativa de populares y socialistas busca también que se recoja la obligación de la Hacienda foral de colaborar con las comisiones de investigación de las Juntas Generales igual que hace con otras comisiones parlamentarias. Aunque la proposición de norma foral no sume más adhesiones, populares y socialistas tienen mayoría suficiente para sacarla adelante.

La comisión alavesa del caso De Miguel realiza su labor en paralelo a la constituida en el Parlamento vasco. Su cometido se centra exclusivamente en lo ocurrido en Zambrana. Ha citado a un total de 25 personas para clarificar por qué los representantes forales votaron en contra de unos informes técnicos que consideraban que los terrenos no eran aptos para uso industrial.