"Los violadores de Haití no duermen"

Guerline tiene la certeza de que fueron cuatro hombres los que violaron a su hija de 13 años, a las dos de la madrugada de un martes de marzo de 2010. Aunque tenía los ojos vendados y ellos llevaban capucha, lo sabe porque esa noche los pandilleros la violaron a ella también. Ocurrió en el campamento de damnificados de Place Mausolée en Puerto Príncipe, justo a lado de las ruinas del antiguo Tribunal de Justicia. Ocurre cada noche, en los 1.199 campamentos que albergan a más de un millón de personas afectadas por el terremoto en la capital y en el sur de Haití, según reveló ayer un informe de Amnistía Internacional (AI). "Los bandidos y los violadores no duermen", dice Guerline.

Los abusos se multiplican de forma exponencial, según Amnistía

Los embarazos se han triplicado; muchos son fruto de las agresiones

La violencia sexual ya era un problema antes del terremoto que asoló Haití el 12 de enero de 2010, señala el informe de AI, pero la tragedia "destrozó los pocos mecanismos de protección que existían". Desde entonces, las violaciones se han multiplicado exponencialmente. Solo en los primeros 150 días siguientes al terremoto, la Comisión de Mujeres Víctimas por las Víctimas (Kofaviv, en sus siglas en francés) registró más de 250 casos de violación; la mayoría de ellos afectaban a niñas. Pero organizaciones como esta, que trabajan sobre el terreno, saben que los casos de los que se tiene constancia son apenas una mínima parte del número real.

Para los agresores es tan fácil como rasgar las tiendas de campaña con una navaja, y abusar de las mujeres allí o llevarlas a un lugar apartado del mismo campamento. Ellos suelen ir en grupos y armados también con pistolas.

¿Quién puede detenerlos? La Policía Nacional de Haití, y el personal militar y la policía de Naciones Unidas (UNPOL) solo tienen presencia permanente en siete campamentos de los cientos que existen en cada plaza de Puerto Príncipe. En el resto de la capital haitiana, ni la policía ni los cascos azules que patrullan día y noche por las calles suelen siquiera entrar en ellos.

La mayoría de las mujeres no denuncia la agresión. Como Suzie, asaltada junto a una amiga y frente a sus dos hijos entre las tiendas de la Plaza Dessalines de los Campos de Marte, donde vive desde que el terremoto acabó con su casa, con sus padres, con sus hermanos y con su esposo. "Cuando se fueron (los violadores) no hice nada. No tuve ninguna reacción. Las víctimas de violación deben ir al hospital, pero yo no fui porque no tenía dinero. No sé dónde hay una clínica que ofrezca tratamiento médico para las víctimas de violencia sexual", contó Suzie a los activistas de AI.

Entre marzo y junio de 2010, miembros de AI entrevistaron a 50 mujeres y niñas como Suzie, que viven en los campamentos improvisados de Puerto Príncipe, Jacmel y Las Cahobas. Suzie no supo hasta ese día que en el Hospital General de Puerto Príncipe, que está a quince minutos andando desde la plaza donde fue violada, funciona un programa gubernamental que ofrece servicios médicos a víctimas como ella.

La impunidad que domina el aparato de justicia tampoco invita a las mujeres a denunciar a sus agresores. Un informe elaborado en junio pasado por el Grupo de Trabajo sobre Cuestiones de Protección, dirigido y coordinado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, indicaba: "En el momento de la investigación (junio 2010) no se había detenido a ningún perpetrador (...) La capacidad de respuesta caso a caso es limitada, y pone de manifiesto la ausencia de un mecanismo sistemático para combatir los casos de violencia sexual y de género". Uno de los problemas no resueltos, por ejemplo, es la reubicación de las víctimas para evitar que vuelvan a sufrir estas agresiones. Como no hay sitio adonde llevarlas, ha ocurrido en algunos casos que, después de atreverse a hacer la denuncia, vuelven a sus refugios y de nuevo las alcanzan los mismos u otros violadores.

La tasa de embarazos en Puerto Príncipe también ha aumentado de 4% a 12% en el último año, según cifras de la Organización Mundial de la Salud. Muchos de ellos son consecuencia de la violencia sexual. Hay un par de factores, sin embargo, que distorsiona las cifras reales. En Haití, el embarazo adolescente no existe porque las mujeres son mujeres a los 12 años, y si una niña de esa edad se embaraza, la familia no suele investigar ni denunciar si detrás de su preñez hay una violación. Por otra parte, apenas desde 2005 comenzó a ser delito la violación intrafamiliar.

Si bien Amnistía Internacional menciona en su informe que la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah) y las diversas agencias de la ONU han ayudado al Gobierno de René Preval a enfrentar el problema, señala también que "no se están tomando suficientes medidas para garantizar la protección de las mujeres y las niñas en la inmensa mayoría de los campamentos". Las agencias hacen sus aportes, pero insisten en que no tienen capacidad de sustituir al Estado.

Durante 2010, el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA, en sus siglas en inglés) instaló un total de 75 lámparas solares en las letrinas y en los depósitos de agua de algunos campamentos para contribuir a la seguridad. "Las ponemos en postes, bien altas, para que no las roben", explicó a EL PAÍS un funcionario.