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El Vaticano pone orden en sus finanzas

El papa Benedicto XVI promulga una ley para combatir el blanqueo de dinero y adecuar las cuentas de la Santa Sede a las normas internacionales de transparencia económica

El Vaticano creó ayer un organismo de vigilancia interna de sus finanzas y promulgó una ley para garantizar mayor transparencia en la gestión de su patrimonio. Es el paso más grande que la Santa Sede ha dado en su historia para adecuarse a las leyes internacionales sobre el lavado de dinero proveniente de actividades criminales, la financiación del terrorismo, el fraude y otros delitos financieros. Y lo hace cuando el Instituto para las Obras de Religión (IOR), el banco del Vaticano, es investigado por blanqueo y presionado por las obligaciones comunitarias que se derivan del uso del euro. A partir de ahora, el IOR dejará de ser un agujero negro sobre el que ninguna institución externa podía bucear. Al menos esta es la intención de la nueva norma firmada ayer por el papa Benedicto XVI, que entrará en vigor el próximo 1 de abril.

La normativa establece penas que serán cumplidas en cárceles italianas

"La paz, en una sociedad globalizada como la de hoy", explica Ratzinger en la carta apostólica que ofrece el marco ideológico a la nueva norma, de 30 páginas y 50 artículos, "está amenazada por el uso impropio del mercado y de la economía y por la violencia del terrorismo, que causa muerte, odio e inestabilidad social". "La Santa Sede comparte el compromiso de la comunidad internacional para controlar con instrumentos jurídicos el blanqueo y la financiación del terrorismo y por eso intenta cumplir con estas obligaciones en el uso de los recursos materiales que sirven para desarrollar su misión", añade la carta.

La llamada Norma 127 establece que "cada sujeto, persona física o jurídica, ente u organismo de cualquier naturaleza, inclusive las filiales y las sucursales extranjeras, que desarrolle una actividad profesional de tipo económico o financiero vinculada con la Santa Sede

[el Estado soberano, como entidad diplomática] y con el Vaticano [su territorio es de 44 hectáreas]

debe someterse a las obligaciones comunitarias". Para quien no respete tales obligaciones se establece un sistema de penas: 12 años de cárcel por delitos de blanqueo, 15 por delitos vinculados con el terrorismo, de seis meses a cuatro años por malversación, de uno a cuatro años por fraude, lo mismo por abuso de informaciones privilegiadas. Los condenados cumplirán sus penas en cárceles italianas.

Para velar por el respeto de las normas, Benedicto XVI constituye la Autoridad de Información Financiera (AIF), "un organismo autónomo e independiente". Sus miembros serán nombrados por el Papa y vigilarán las diferentes entidades que administran dinero en la Iglesia: la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA), la Gobernación (museos, empleados, farmacia, guardias suizos...), Propaganda Fide (las misiones), el Fondo de Jubilación y el Instituto para las Obras de Religión (IOR), considerado el banco más opaco del mundo. Son secretos los nombres de quienes depositan su dinero bajo la cúpula de San Pedro. La Iglesia dice que se trata de unas 45.000 personas, entre congregaciones religiosas, clérigos, funcionarios y laicos con vínculos con la Ciudad del Vaticano. El banco tampoco declara sus cuentas. Fuentes citadas ayer por el Financial Times estimaban el capital del IOR en unos 5.000 millones de dólares. De momento, el Vaticano no ha comunicado quién dirigirá la nueva Autoridad de Información Financiera, aunque se considera probable que lo encabece el cardenal Attilio Nicora, actualmente presidente de la APSA.

El Vaticano pretende con estas medidas cumplir con los requerimientos de la Unión Europea. La Santa Sede y Bruselas firmaron el 17 de diciembre de 2009 un acuerdo por el que el Vaticano se comprometía a contribuir a la transparencia de las finanzas comunitarias, al igual que los demás miembros de la unión monetaria. Tenía para ello un año de plazo.

Ahora también puede optar a entrar en la llamada lista blanca, o relación de Estados que respetan las normas para la lucha contra el lavado de dinero de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en Europa (OCDE) y el Grupo de Acción Financiera (GAFI).

Pero, sobre todo, el Vaticano lanza con estas medidas una operación de credibilidad, que, como subrayó ayer el portavoz vaticano, Federico Lombardi, pretende evitar "aquellos errores que tan fácilmente se convierten en motivo de escándalo para la opinión pública y para los fieles".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 31 de diciembre de 2010