El autobús turístico, a cocheras

Los autobuses rojos de dos pisos desde los que medio millón de turistas al año recorren los lugares más emblemáticos de la capital podrían estar a punto de realizar su última parada. Un conflicto entre el Ayuntamiento y la unión temporal de empresas (UTE) que se encarga del circuito turístico desde hace 10 años está haciendo peligrar el servicio. El contrato finaliza el próximo 3 de enero y ha llegado el momento de echar cuentas. El Ayuntamiento exige a la adjudicataria los 28 autobuses de su flota y la empresa se ha negado en todos los idiomas si no hay una compensación de 3,2 millones de euros de por medio. Si no cede, no habrá servicio y el asunto irá a los tribunales.

A cuatro días de que finalice la concesión el Ayuntamiento aún no ha convocado un nuevo concurso; tampoco sabe si la empresa accederá a sus exigencias y, en el caso de que lo haga, aún no tiene claro cómo y con qué conductores prestaría el servicio. La precariedad del servicio podría prolongarse al menos tres meses hasta que se formalice un nuevo contrato. Y otros seis meses más que tendría la nueva concesionaria para poner en marcha el recorrido.

Consistorio y empresa amenazan con acudir a los tribunales

IU reclamará al Área de Movilidad que explique las "irregularidades"

El desacuerdo se remonta al 28 de octubre, cuando la concejalía de Seguridad y Movilidad envía una carta a Madrid Visión, representada por el ex presidente de la patronal Gerardo Díaz Ferrán. En la misiva recuerda que el contrato se acaba y la insta a "revertir" sus materiales y bienes con las "reparaciones y reposiciones necesarias para la continuidad del servicio".

La respuesta de Madrid Visión, que paga al Ayuntamiento un canon anual de casi un millón de euros, no deja lugar a dudas: no hay norma ni jurisprudencia que avale "un enriquecimiento injusto por parte de la Administración". En otras palabras, no hay intención de devolver los 28 vehículos, algunos de los cuales se compraron este mismo año. La empresa reclama que sea el Ayuntamiento o la próxima concesionaria quien compense con 3,2 millones de euros la cesión de los autobuses. La Administración local se niega y acudirá a los tribunales para "rescatar" lo que considera suyo, según explicó el coordinador general de Movilidad, Fernando Autrán.

La empresa exige también que el nuevo titular de la concesión asuma los contratos de los 60 empleados, entre conductores y azafatas, que en temporada baja ocupan los autobuses (en verano la plantilla se amplía a 100 trabajadores). Los sindicatos, ante el desconcierto que ya ha cundido entre los empleados, han convocado una reunión hoy para organizarse ante los posibles despidos. "A mí me están dando unas Navidades... Yo ya me veo en la calle", se quejaba ayer un conductor. La postura municipal es cristalina también en este punto: "No es nuestro problema lo que haga la empresa con sus trabajadores. La concesionaria sabía perfectamente que su contrato finalizaba en enero y debían haberlo previsto", explica Autrán.

Ninguna de las partes preveía las consecuencias del conflicto. La empresa esperaba que, antes de que finalizase el contrato, ya se hubiera convocado el nuevo concurso para poder presentarse. Y el Ayuntamiento pretendía adjudicarse los autobuses sin resistencia.

El responsable de Movilidad descarta que el Ayuntamiento se haya equivocado al no convocar antes un nuevo concurso, porque "si la empresa devuelve la flota no supone un perjuicio hacerse cargo del servicio el tiempo necesario hasta que haya un nuevo adjudicatario". El cómo lo harán, Autrán no lo concreta. "Se puede hacer cargo la EMT [que supondría un conflicto laboral porque el convenio de los conductores municipales no contempla las dilatadas jornadas de sus colegas del bus turístico ni sus sueldos más bajos], Promoción Madrid, el Patronato de Turismo, Madrid Movilidad... Y los billetes pueden venderse a través de las juntas de distrito, del 010... Tenemos en cuenta todas las posibilidades".

Izquierda Unida que, aunque el Ayuntamiento lo niega, alertó el martes de que el contrato había finalizado el pasado 21 de diciembre y que los autobuses circulaban sin cobertura legal, pedirá explicaciones al Área de Movilidad por el "chanchullo" de Madrid Visión. "Queremos saber las razones para amparar una tras otras tantas irregularidades como se han cometido en esta concesión administrativa y que han procurado óptimos beneficios a la empresa de don Gerardo Díaz Ferrán", afirmó ayer el concejal, Ángel Lara.