Varapalo al Gobierno

"Tenemos un sector productivo potente, empresas excepcionales, trabajadores muy cualificados y, por lo tanto, expectativas de seguir creciendo". Es una proclama que bien pudo hacer con sobrados fundamentos la canciller alemana Ángela Merkel, pero que, sin embargo, pertenece al molt honorable Francisco Camps, que esta semana ha tenido que emplearse a fondo para responder a la severa crítica que el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Francisco Pons, ha formulado a la gestión económica del Consell. Un varapalo o fuego amigo que, viniendo de quien viene, está a cubierto de la eventual inquina o belicosidad partidista de la oposición, lo que sin duda ha debido ser más lacerante para el titular de la Generalitat.

Resulta obvio que los valencianos no tenemos a ese nivel de excelencia los atributos y posibilidades que el eufórico presidente nos atribuye, quizá para entonarnos los ánimos ante las tribulaciones que nos agobian. Pero cierto es que, por sus recursos y capacidades, esta Comunidad no merece el infortunio económico en que está sumida y al que nos han abocado unas causas foráneas y casi universales que únicamente hubieran podido neutralizar unos políticos previsores y poco menos que geniales. De otras causas, en cambio, es lógico y justo que se inculpe a quienes nos están gobernando y cuya gestión ha puesto una vez más en solfa la mentada patronal, que en un ejercicio de lealtad ha mirado por sus intereses a la par de los colectivos.

En estas páginas se han divulgado sus reparos y requerimientos a la política del Consell, con los que en buena parte coincidimos y ahora traducimos en términos más explícitos. De tal modo que cuando la patronal dice que se han de ajustar gasto e ingresos por parte de la Administración nosotros traducimos por mor de la claridad que ha de acabarse con el despilfarro y el frívolo endeudamiento del erario que se ha traducido en lesivas demoras del pago a los proveedores en cuyo nombre y por la cuenta que le tiene rompe una lanza este cogollo empresarial. En buena ley, este Gobierno debería ser perseguido por una legión de hombres del frac.

Proponen asimismo los empresarios que centros educativos, de salud y universidades se sometan a auditorías externas que se publiquen cada año. Es un cacheo al que se someten las empresas privadas para diagnosticar su salud, pero que tratándose del sector público propiciaría la transparencia contra la que este Consell del PP siente una enfermiza aversión. Tanta opacidad y secretismo nos han impedido saber -entre tantos otros arcanos- porqué esta Comunidad Valenciana no se incluye en el informe PISA que evalúa el nivel de la enseñanza secundaria en 65 países. No es descabellado pensar que la ausencia se debe al deplorable estado de nuestra docencia, como por otra parte revela el alto índice del fracaso escolar. La verdad es que, dicho sea de paso, sería sorprendente registrar una faceta positiva y de calidad democrática de este Consell bajo esta presidencia.

Constatemos que los colegios de economistas también han emitido estos días su parecer acerca de la política económica en curso y se han pronunciado por el copago en sanidad y la privatización de las empresas públicas. Ni una palabra sobre fraude fiscal u otras alternativas. Es lo que cabe esperar de unos discípulos de la escuela hiperliberal de Chicago. Anotemos que ni estos analistas ni los empresarios han dedicado una palabra a la corrupción pública y del PP. Por cortesía navideña, suponemos.