Y van 18 vertidos...

El viento del Noroeste salvó ayer al delta del Ebro (Tarragona) de acabar tiznado por la fuga de crudo vertida el pasado miércoles por la plataforma Casablanca, que Repsol opera a unos 50 kilómetros de la costa. La Fiscalía investiga si la compañía incurrió en un delito ambiental por el vertido, el mayor de las 18 fugas graves que compañías vinculadas a la industria petroquímica han provocado en la provincia esta última década.

La sucesión de vertidos se debe a que la provincia concentra cerca del 40% del sector petroquímico en España, según la patronal. Los juzgados de Tarragona mantienen tres causas abiertas relacionadas con estos 18 vertidos y ha imputado a dos directivos de Repsol por uno de ellos, aunque en ningún caso las pesquisas han terminado en condena. Todas las investigaciones concluidas lo han sido con el archivo de la causa, lo que lleva a organizaciones como Greenpeace a denunciar la impunidad con la que trabaja el sector.

La mayor multa impuesta por la Generalitat asciende a 90.000 euros

La última mancha, que la petrolera atribuye a un error humano en el que un operario abrió una válvula que debía haber permanecido cerrada, se había reducido anoche a unas 1.200 hectáreas (700 menos que el miércoles) y permanecía a unos 25 kilómetros de la costa, según informó la Subdelegación del Gobierno. "No hay riesgo de que llegue a las playas", aseguró un portavoz. Tres barcos seguirán hoy limpiando la zona. La subdelegación estima que Repsol vertió entre unos 120.000 y 180.000 litros de crudo, cantidad similar a un millar de barriles. Repsol, por su parte, redujo ayer el vertido a unos 60.000 litros, según sus propios datos.

La investigación de la fiscalía es una medida habitual que no anticipa ninguna derivación penal. De los vertidos graves registrados en la zona desde 2000, la mitad fueron causados directa o indirectamente por Repsol. La fiscalía solicitó información en todos los casos. El fiscal de medio ambiente de Tarragona, Ignacio Monreal, mantiene una intensa coordinación con Salvamento Marítimo, que ha sido clave para abrir tres causas judiciales e imputar a directivos de Repsol en los últimos casos. El problema es la dificultad de acusar con pruebas y testigos, señalan fuentes judiciales. Las empresas, por su parte, suelen demorar al máximo los procesos para dificultar que la fiscalía pueda demostrar los perjuicios causados en un medio tan cambiante como el marino.

"Todo vertido es una agresión al medio ambiente", ilustra Ramon Martín, catedrático de la Universidad de Alicante y especialista en Derecho Ambiental. "El delito depende de la magnitud de la agresión. El problema en estos casos es precisar la agresividad del vertido con el medio. Demostrar los daños causados al mar, por ejemplo, resulta más complejo cada día que pasa", señala.

En su lugar, las empresas suelen afrontar multas administrativas. El Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat ha impuesto 14 sanciones en cinco años, la mayor de 90.000 euros. "Es una invitación para que las empresas sigan contaminando", lamenta un portavoz de Greenpeace. Esta entidad insistió ayer en reclamar al Gobierno que deniegue los permisos a la plataforma Casablanca de Repsol para explotar dos nuevos pozos. La compañía prevé comenzar a explotarlos a partir del próximo verano.