El PSE lleva hasta el fin su petición al PNV de coherencia presupuestaria
El Parlamento aprueba las cuentas de 2011 con solo siete votos en contra - Socialistas y PP niegan recortes sociales
El pacto entre socialistas y populares permitió ayer por segundo año consecutivo que el Gobierno de Patxi López aprobase sus presupuestos. Lo hizo con la abstención anunciada del PNV también por segundo año, y con los votos en contra de Aralar y las tres formaciones del Grupo Mixto (EB, EA y UPyD).
Sin sorpresas y sin grandes choques dialécticos entre los poportavoces, el pleno de aprobación del proyecto de presupuestos se saldó con una nueva y postrera petición socialista de coherencia al PNV, que ha apoyado las cuentas del Gobierno central, pero se ha limitado, en cambio, a abstenerse en la votación de las vascas.
"Tal vez el problema del PNV reside en que ha acabado convirtiéndose en rehén de ciertos discursos y estrategias que le incapacitan para llegar a acuerdos con un Gobierno al que deslegitima identificándolo como el Gobierno de los destrozos y acusándole de no representar a la mayoría social", reflexionó el portavoz del PSE, José Antonio Pastor, quien pidió a sus rivales "más audacia y mayor sentido de compromiso con el país". Poco después, criticaba que los nacionalistas han utilizado "la política española como ariete contra el Gobierno vasco".
Pastor pide al PNV un "mayor sentido de compromiso con el país"
"El PSE no ha votado nunca gratis aquí", replican los peneuvistas
El PP justifica su apoyo porque "se hace lo que no hacen en Madrid"
Aprobada la ley de Publicidad con los votos en contra de Aralar y EA
La respuesta peneuvista no tardó en llegar: "El PSE no ha votado nunca gratis aquí", aseguró Ricardo Gatzagaetxebarria, en referencia a la actuación de los socialistas en pasadas legislaturas.
Los presupuestos, que suman 10.549,4 millones de euros, han aumentado un 2,3% gracias a la transferencia de las políticas activas de empleo; de lo contrario, se hubiesen reducido en el mismo porcentaje con respecto a las cuentas actuales. Pastor aseguró que "esto [la transferencia, pactada entre el Gobierno central y el PNV] solo merecería el apoyo" de los nacionalistas a las cuentas vascas.
Las cuentas centran el recorte que han sufrido la mayoría de las consejerías en la rebaja de los salarios de los funcionarios y en el gasto corriente. Sanidad y Educación concentran el 55,7% del total.
Gatxagaetxebarria recordó que el plan extraordinario de inversiones, que ha inyectado 249 millones de euros este mismo año gracias a la mayor recaudación, ha tenido un efecto amortiguador del recorte de cara a la sociedad, pero recordó que no entra en el presupuesto de 2011. Y se mostró crítico con la gestión del Gobierno, especialmente ante los datos que demuestran un "estancamiento" de la economía y por la gestión del endeudamiento.
El PP centró sus críticas en el PNV, al que censuró de nuevo por apoyar las cuentas del Gobierno central, culpable, a su modo de ver, de la situación económica española y, por extensión, de la vasca. Ante la comparación que Gatzagaetxebarria hizo entre Euskadi, Alemania y el Reino Unido, el popular Antón Damborenea ironizó que la diferencia es que en estos dos países "no tienen un PNV que apoya a Zapatero". El PP justificó su apoyo a las cuentas de Patxi López porque "se hace todo eso que no hacen [por el PNV] en Madrid".
No faltaron alusiones a la necesidad de una reforma fiscal. "Fue el lehendakari el que puso el debate sobre la mesa", se defendió Pastor ante las diversas críticas al Gobierno por no priorizarla, encarando otras cuestiones antes.
Las acusaciones frontales al Gobierno quedaron en manos de Aralar y los partidos del Grupo Mixto. El mayor punto de fricción llegó por el recorte del gasto social que esgrimieron buena parte de los grupos minoritarios, coincidiendo con una semana en la que Diputaciones y Gobierno han tensado las cuerdas de su relación en materia de ayudas sociales debido a la inspección que el Ejecutivo está haciendo de sus perceptores. Dani Maeztu, de Aralar, criticó "la cruzada contra los que cobran ayudas sociales" del departamento que dirige Gemma Zabaleta.
Mikel Arana, único parlamentario de Ezker Batua, criticó: "No encontramos un modelo social en los presupuestos", en un momento en que se va a mantener la cuantía de las Ayudas de Emergencia Social, que este año se han reconocido como insuficiente, y en el que los parados sin subsidio del desempleo dejarán de cobrar los 426 euros que les daba el Gobierno central.
Más necesidades sociales, pero más estrecheces económicas para hacerles frente, vinieron a decir también Aralar y EA. "Los presupuestos no buscan una salida social a la crisis", aseguró Maeztu. Tanto PP como PSE rechazaron de plano la existencia de tal recorte social. El nuevo presupuesto "no utiliza la austeridad como pretexto para recortar derechos sociales", aseguró Pastor, quien resaltó que tres de cada cuatro euros para 2011 se dedican al gasto social.
Con los presupuestos más austeros, los partidos nacionalistas y EB criticaron el trato que está recibiendo el euskera, ya sea en forma de reducción de las partidas para los euskaltegis, ya sea en forma de potenciación en la enseñanza privada del modelo A (en castellano con el euskera como asignatura), que recibirá ocho millones de euros más que este año, una de las propuestas planteadas por el PP en la negociación. Aralar deploró también que las denominadas "otras víctimas" no cuenten con partidas para ellas.
El debate de la última norma del año
Finalmente, no hubo unanimidad, porque el euskera, la terminología referente a la Constitución y el trato a las Diputaciones impidieron que todos los grupos diesen su visto bueno a la nueva norma, pero la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional resultó aprobada ayer en el último pleno parlamentario del año, tras los presupuestos. El texto obtuvo los votos a favor del PSE, PP y UPyD, mientras que PNV y EB se abstuvieron y Aralar y EA se inclinaron por el no.
La nueva norma impedirá que se haga publicidad de la gestión institucional con fondos públicos, salvo aquellas informaciones que se refieran a un nuevo servicio para la ciudadanía u otras iniciativas sociales.
Esta ley contra el autobombo afectará tanto al Gobierno como a las Diputaciones y Ayuntamientos. La portavoz del Ejecutivo, Idoia Mendia, defendió la norma como una herramienta para "acabar con la propaganda e impulsar la objetividad" en este ámbito.
El PNV censuró que no se hayan tenido en cuenta durante la tramitación legal los argumentos de las Diputaciones, las tres en manos de ese partido. Las instituciones forales se opusieron a que la nueva normativa legislase también sus actividades publicitarias.
La parlamentaria peneuvista Ane Urkiola solicitó "más consideración hacia las instituciones de los tres territorios históricos", mientras que el socialista Carlos Gorostiza negaba la necesidad de tal trato diferente, apuntando que las diputaciones "forman parte del entramado institucional básico. No tiene ningún sentido que tengan un tratamiento especial aparte".
Mikel Basabe, representante de Aralar en el debate, censuró que la norma no protege el euskera como es debido, ya que iguala ambos idiomas incluso en campañas que tienen que ver exclusivamente con cuestiones relativas al euskera. Este mismo argumento también fue planteado por el PNV.
Además, Basabe criticó la inclusión de terminología "ideológica" en la nueva normativa, ya que esta plantea que las comunicaciones institucionales deben difundir "valores y principìos constitucionales". "Hacer apología constitucional aquí sobra", aseveró de su lado el único parlamentario de EA, Juanjo Agirrezabala.
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