Paraguay pide a EE UU interceptar todos los móviles

Paraguay ha pedido ayuda a EE UU para desarrollar una red de escuchas telefónicas en el país sudamericano que permita al Gobierno controlar el 90% de las llamadas que se producen entre teléfonos móviles. El Gobierno del presidente Fernando Lugo quiere además tener acceso a los programas informáticos que emplea la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA) para efectuar tales escuchas. Washington se muestra reticente ante la posibilidad de que esa tecnología se emplee no para combatir el delito, sino para fines políticos internos, pero considera que no tiene otra opción que colaborar con el presidente.

La DEA opera desde hace años en Paraguay al amparo de acuerdos bilaterales de lucha contra el narcotráfico. El país es el mayor productor de marihuana de Sudamérica. Como parte de esa estrategia, la DEA emplea desde septiembre de 2009 dispositivos de escuchas para teléfonos móviles cuya utilización está limitada exclusivamente a la Secretaría Antidroga (Senad). Los estadounidenses no permiten a otras ramas de la Administración paraguaya el acceso a esos programas.

La DEA mantiene en Asunción una red de escuchas contra los narcos

El presidente del Supremo expresó ante la embajada dudas sobre el plan

Sin embargo, en febrero de este año, el Gobierno paraguayo se dirigió a los estadounidenses tanto con la petición de acceso a esos programas como con la de integrarlos en un nuevo y más amplio sistema de escuchas. El objetivo declarado de Asunción es combatir a la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), autora a finales de 2009 del secuestro de un ganadero, Fidel Zavala, que terminó con el pago de un rescate de 550.000 dólares y una lluvia de críticas contra la Administración paraguaya por lo que se entendía como inacción ante el aumento de la violencia en el país. "La lucha antidrogas es importante, pero no hará caer a nuestro Gobierno. El EPP podría hacerlo", aseguró el ministro del Interior, Rafael Filizzola, a la embajadora de EE UU, Liliana Ayalde, según relata la diplomática en un informe secreto enviado a Washington.

De hecho, ya durante el secuestro de Zavala, el Gobierno de Asunción solicitó a Washington el acceso al programa de escuchas, pero los estadounidenses se negaron, aunque cooperaron con el Ministerio del Interior para controlar 12 líneas de teléfono relacionadas con el caso. El secuestro finalizó en octubre de 2009 y el 10 de febrero de 2010 el ministro Filizzola aseguró a la embajadora Ayalde que el Gobierno paraguayo ya tenía lista toda la cobertura legal y técnica para poner en marcha el nuevo sistema de escuchas. De hecho, había comprado equipos de interceptación a Brasil por valor de 1,2 millones de dólares. Solo faltaba que Washington permitiera el acceso a los programas que tiene instalados la DEA en Paraguay para que el sistema fuera operativo.

El ministro argumentó que el nuevo sistema dejaría obsoleto al que utilizan los estadounidenses en Paraguay y que, por tanto, sería lógico que Washington compartiera sus programas informáticos de rastreo y escucha. No obstante, Filizzola dio garantías de que el sistema viejo seguiría funcionando, de que el presidente Lugo ya había aprobado el nuevo programa y de que el mandatario hablaría con el ministro de la Secretaría Antidroga, César Aquino, para ponerle al día del proyecto. Sin embargo, la embajadora Ayalde destaca en su informe, de fecha 18 de febrero de 2010, que "a la hora de escribir esto, Lugo no le ha dado la noticia a Aquino".

Ante la insistencia del ministro del Interior paraguayo, la embajadora de EE UU le explicó que a Washington no le interesa verse envuelto en un programa de interceptaciones que, mal empleado, puede servir para obtener ventajas políticas, y que, aunque el actual ministro fuera de fiar, eso podía suceder en el futuro.

A pesar de las reticencias, la embajadora estadounidense estimó que la propuesta paraguaya era "viable" y convocó una teleconferencia entre Asunción y Washington para discutir detalles técnicos. Por parte estadounidense participó, entre otros, el jefe de la división tecnológica de la DEA, John Zaginailoff, mientras la delegación paraguaya la encabezaba Filizzola. La conclusión fue que se tardaría un año en instalar el sistema y sería necesaria la cooperación de las dos principales operadoras del país, Personal y Tigo: "El ministro recalcó que esto no es problema y que ya tenían listo un decreto del regulador de industria telefónica [Conatel] que obliga a las compañías a cooperar".

Tanto el presidente del Tribunal Supremo, Antonio Fretes, como el ministro Aquino expresaron a funcionarios de la Embajada estadounidense sus dudas sobre la legalidad del proyecto. Por su parte, la embajadora Ayalde estimó que la no colaboración de EE UU en el proyecto de escuchas podría enrarecer el clima de colaboración con Paraguay y era mejor aceptarlo. "Parece que no hay otra alternativa viable", advirtió.