El Gobierno no podrá poner multas por fumar durante más de un mes

El Gobierno vasco carecerá de capacidad para sancionar los incumplimientos de la ley Antitabaco estatal, que entrará en vigor el próximo 2 de enero, hasta que el Parlamento apruebe la correspondiente normativa autonómica. Este proyecto se encuentra actualmente en trámite en la Cámara de Vitoria y, según los plazos que se manejan, podría ser aprobado el próximo mes de febrero.

La ley Antitabaco estatal será de aplicación en Euskadi en cuanto entre en vigor, salvo en ese aspecto de la capacidad sancionadora. La consejera de Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, explicó ayer que durante ese mes que se calcula de intervalo, el Ejecutivo autónomo evaluará su grado de cumplimiento. "No podemos tener competencia sancionadora, pero sí evaluadora, pedagógica y educativa", precisó. A partir de enero, el Gobierno vasco pondrá ya en marcha "todo el dispositivo" de recepción de denuncias y reclamaciones.

La Mesa del Parlamento autorizó ayer que se habilite el mes de enero, como había solicitado el PSE, para que pueda reunirse la ponencia de la ley Antitabaco. El objetivo es que se pueda cerrar el texto para proceder a su aprobación en un pleno en febrero. Zabaleta confió en que la normativa autonómica "no difiera" en exceso de la estatal, aunque avanzó que resultará "ambiciosa" y "mejorará" en algunos aspectos.

Malestar hostelero

La Federación de Hostelería del País Vasco preguntó ayer públicamente al Gobierno central cómo tiene previsto compensar a las pymes y microempresas por "los graves perjuicios" que, a su juicio, tendrá como consecuencia la nueva normativa. A través de un comunicado, el colectivo mostró su deseo de que en España no se repita "la ruina de los miles de pubs que se ha producido en Irlanda y Reino Unido" o el impacto en bares y restaurantes que "obligó" al Gobierno de Grecia a retirar la prohibición de fumar.

Tras criticar que "la irresponsabilidad política les sale muy barata a muchos", la federación advirtió de que, si se cumplen sus pronósticos, "los que perderán sus ya muy mermados ingresos serán los pequeños empresarios". "Los altos cargos del Ministerio de Sanidad y los políticos seguirán cobrando íntegramente sus sueldos", lamentó. El objetivo, a su juicio, no es otro que "mantener y ampliar si es posible los ingresos fiscales del Estado".