Zabaleta retrasa ahora la suspensión de las ayudas sociales hasta enero

La consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, aseguró ayer tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno que el sistema de ayudas sociales resulta "garantista" y corroboró que es preciso esperar un mes tras notificar una suspensión de la Renta de Garantía de Ingresos para dejar de pagarla al perceptor, como ya informó EL PAÍS el sábado. La familia que se halle en ese caso "no deja de percibir la ayuda en el momento en que se le suspende; la ley dice que la recibe hasta el mes siguiente de recibir la notificación", por lo que el grifo no debería cerrarse en este mes de diciembre como planteó la consejería en un principio. por ello, el departamento está hablando con las Diputaciones para que retrasen los efectos económicos de la suspensión hasta el próximo mes.

La consejería ya ha contactado con las Diputaciones para corregir la situación

Esto influye a las familias, 6.262, según las cifras del departamento, que no han cumplido con la obligación de mantenerse inscritos como demandantes de empleo en el antiguo Inem o en Lanbide. El decreto que regula las ayudas, aprobado este mismo año, establece que las Diputaciones deben notificar esta suspensión -lo que se tramitaría en diciembre- y, un mes después -en este caso, en enero próximo-, retirar el pago. "La suspensión del derecho a la Renta de Garantía de Ingresos implicará la suspensión del pago a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha de la suspensión", reza el decreto.

Este matiz toma mayor relevancia teniendo en cuenta que dos de las Diputaciones, las instituciones competentes para suspender las ayudas -pero condicionadas por el Gobierno, que es quien paga-, ya han librado los pagos de este mes, teniendo en cuenta las suspensiones aconsejadas por el departamento. Guipúzcoa y Vizcaya ya han librado los pagos, pero aún no se han ejecutado. Vizcaya asegura que ha aplicado la sanción económica a los más de 4.000 expedientes suspendidos este mes, en previsión de que la consejería no les iba a reembolsar las cuantías precisas.

Álava, que realiza esta operación a finales del mes, también tiene previsto cerrar el grifo desde diciembre, aunque lo hará solo con unas 300 de las 810 ayudas en las que el Gobierno apreció deficiencias en esta provincia. Independientemente del mes en que se realice la interrupción de los pagos, el decreto establece que el perceptor, aunque corrija la deficiencia, será sancionado 30 días. Pasado ese plazo, si sigue, en este caso, sin darse de alta en el Inem o en Lanbide, la suspensión se extenderá a tres meses. Pasar 18 meses en esa situación o tres suspensiones seguidas suponen la extinción de la ayuda.

La compleja situación que se ha derivado de la pluralidad de instituciones que participan en la concesión y el pago de una ayuda es temporal. El Gobierno aprobó en su reunión de ayer el proyecto por el que modificará la Ley para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social de 2008. El nuevo texto permitirá que la Renta de Garantía y el complemento de vivienda sean gestionados por Lanbide y no por los Ayuntamientos, que las tramitan ahora, y las Diputaciones, que pagan los subsidios con dinero del Ejecutivo.

Este cambio, que ya se está probando en ocho municipios, se debe al objetivo de ligar los subsidios con la búsqueda de empleo. Al tiempo, permitirá que el mismo organismo que gestiona las altas y bajas en el servicio de empleo sea el que dé las ayudas, por lo que el cruce de datos resultará más sencillo en este requisito concreto. El proyecto deberá pasar ahora el trámite parlamentario. La consejera calculó ayer que se aprobará antes de que finalice el primer semestre de 2011.

En principio, está previsto que los principales partidos apoyen la modificación. El PNV respalda que las ayudas pasen a Lanbide, pero pide que también gestione las AES.