Las comunidades llevan tres meses sin cobrar por la dependencia

Algunas autonomías se endeudan para cumplir la ley - El Gobierno afirma que pagará antes de fin de año

A las dificultades económicas por las que atraviesan las comunidades autónomas para la implantación y desarrollo de la Ley de Dependencia se suma el impago por parte del Gobierno, que les adeuda parte del dinero desde agosto. Se trata, sobre todo, del llamado nivel mínimo, una cantidad que el Ejecutivo debe abonar por cada dependiente atendido.

Castilla-La Mancha, una de las autonomías que con más éxito está implantando la ley, explotó ayer, cuando la comunidad recibió críticas por su nivel de endeudamiento. "Nos endeudamos porque defendemos las políticas sociales y cumplimos las leyes nacionales. Con la Ley de Dependencia la Administración central nos debe 200 millones, y más que serán el año que viene. Si no recibimos las transferencias, pues nos endeudamos, porque además, el nivel de renta español lo permite. Si el Gobierno no puede hacer frente a la financiación de esta ley que la cambie, pero eso sería una barbaridad", dijo ayer el consejero de Salud y Bienestar Social, Fernando Lamata: "Como socialista, creo que tenemos margen para endeudarnos, se puede perseguir el fraude fiscal para atender esta ley, y, si hiciera falta, subir los impuestos".

"Si el Ejecutivo no puede asumir la ley, que la cambie", dice Castilla-La Mancha

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En Extremadura también reconocen que se les adeuda dinero desde agosto y hablan de problemas con la liquidación. "Hemos hablado con el ministerio [de Sanidad y Política Social] y nos han dicho que esta semana nos pagarían septiembre", afirmó ayer un portavoz de la Junta.

Castilla-La Mancha no es la única comunidad que ha estallado. Después de varias cartas al Ministerio, los responsables de la Dependencia en Castilla y León, otra de las comunidades con mejor nota, han decidido pedir en voz alta lo que se les debe. "Desde enero se sufren los retrasos, ahora falta que nos abonen septiembre, octubre y noviembre. Creo que hemos tenido suficiente prudencia, pero es una situación difícil. Cuando se trata de servicios nos vamos apañando, pero las prestaciones económicas nos suponen gran esfuerzo, aunque no hemos dejado de pagarlas a los dependientes", dice el consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, César Antón.

No todas las comunidades pueden hablar tan alto. Algunas, no reciben las transferencias, pero tampoco pagan en tiempo a sus dependientes. En Madrid, por ejemplo, muchos ciudadanos se han quejado de los atrasos en las ayudas económicas que les corresponden. Y no es la única.

La secretaria general de Política Social, Isabel Martínez, señaló ayer que el dinero correspondiente a septiembre ya no está en el Imserso y que los pagos de octubre y noviembre están firmados hace tiempo. "Esto es un crédito ampliable y todas las comunidades recibirán lo que les corresponde antes de que acabe el año, como ha ocurrido siempre. Y ellas lo saben. Los trámites de la Administración son lentos, sí, los nuestros y los suyos. Saben que no hay ningún riesgo de que no cobren", apuntó Martínez. Y añadió: "Este sistema requiere tiempo, no se hace de la noche a la mañana. Se le está exigiendo más que a otros".

Algunas consejerías han propuesto en los últimos meses, dadas las dificultades económicas, que se aplace el calendario de la ley, que prevé la entrada al sistema de los dependientes más leves en enero. Pero esa no parece ser la intención, al menos de las autonomías más sobresalientes.

Extremadura y Murcia dan el salto al aprobado y Canarias sigue a la cola

Extremadura y Murcia han sacado un aprobado en el examen semestral de la Ley de Dependencia que evalúa la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. "Estamos contentos, sí", dijo un portavoz de la Junta. El salto de Murcia es relevante porque ha pasado de un 1 a un 5 sobre 10, mientras que Extremadura ya estaba en un 4. El camino inverso lo recorre Asturias, que pasa de un 5,5 en la prueba de enero a un 4 en el actual.

Este dictamen se redacta teniendo en cuenta 12 criterios: las personas atendidas, los trámites adminsitrativos efectuados a los dependientes en relación con la población de cada comunidad, así como el número de los que tienen derecho y aún no reciben la prestación; se valora también el equilibrio entre prestaciones económicas y servicios respecto a las ayudas que se conceden, las leyes de servicios sociales que se van redactando, el seguimiento y la información que se presta sobre el sistema, las buenas prácticas, qué comunican las propias comunidades, así como la aportación económica estimada que destinan al sistema.

Con todo ello, las comunidades que mejor nota sacan son Castilla-La Mancha y Castilla y León, ambas con un 9, Andalucía baja media décima, hasta un 7,5 y sube Cataluña, del 5 al 6,5.

Pero las más preocupantes, como siempre, son Canarias, que no remonta de su 0,5, Madrid y Valencia, que no pasan del 2, y Baleares, que se queda en un 4. Estas cuatro comunidades no alcanzan el 1% de beneficiarios atendidos respecto a su población, cuando la media española es del 1,4%.

* Este artículo apareció en la edición impresa del martes, 21 de diciembre de 2010.

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