Las pensiones y el Pacto de Toledo

El Pacto de Toledo se ha puesto en marcha. Los políticos deben aparcar sus diferencias y trabajar para llegar a consensos. En sus manos está el futuro de todos los ciudadanos. El contexto en el que se va a llevar a cabo la reforma del Pacto no es el más idóneo. La cercanía de elecciones locales, forales y autonómicas es un instrumento distorsionador. En los últimos años, las diferencias entre los partidos han sido muy importantes. La actualidad lo corrobora. La ciudadanía está muy expectante a las medidas que se tomen, pero existe malestar por ciertas propuestas de reforma. La proposición de alargar la jubilación hasta los 67 años ha servido para encender la mecha de la indignación. No parece justo que se pretenda dilatar la vida laboral sin tomar otras medidas como la de erradicar jubilaciones anticipadas de auténtico escándalo.

Otra vertiente del debate son los privilegios de cierta clase política. No es muy ejemplarizante que por permanecer dos legislaturas como diputados se tenga derecho a la pensión máxima. Mientras tanto, el resto de ciudadanos tenemos que trabajar un tiempo considerablemente más elevado para alcanzar, en algunos casos, una pensión muy limitada. Los políticos deben establecer un pacto de forma racional. Para ello deben limar de forma muy dura ciertas aristas que son muy visibles. Si no aciertan a llevar esta misión a buen puerto todos saldremos perdiendo.