Asuntos Sociales congela la Renta de Garantía de Ingresos a 6.200 familias

Casi tres de cada 10 expedientes de la Renta de Garantía de Ingresos de las 20.000 que el Gobierno ha inspeccionado hasta el momento incumplen todas las obligaciones que conlleva recibir esta ayuda. El Departamento de Asuntos Sociales ha constatado que en 6.262 casos se obvia la obligación de que todos los miembros en edad de trabajar de una familia que cobra la renta estén dados de alta en los servicios de empleo, lo que supone un total de 9.337 personas.

Por ello, las 6.262 ayudas serán suspendidas temporalmente desde el pago de diciembre, lo que supondrá que el Ejecutivo dejará de desembolsar a esas familias, a través de las Diputaciones, en torno a 4,3 millones de euros este mes.

El Gobierno dejará de pagar este mes un total de 4,3 millones de euros

La ayuda podrá volver a recibirse en enero si se subsanan los errores

Este es el resultado parcial de uno de los filtros para la inspección de los 88.000 expedientes de ayudas sociales que anunció la consejera, Gemma Zabaleta. El análisis ha supuesto cruzar datos con el antiguo Inem y con Lanbide, para ver si todos los miembros entre 23 y 60 años en condiciones de trabajar de una familia que cobra la renta de garantía están dados de alta en alguno de estos servicios de empleo. Quienes perciben esta ayuda para complementar un salario muy reducido también tienen que estar dados de alta. La inspección también atañe a los perceptores del complemento de vivienda, que tiene los mismos criterios que la renta.

Solo con el análisis de una parte de expedientes ha salido a relucir que el 30% de las familias perceptoras incumplen estas obligaciones, que van de la mano con la concesión de la ayuda. Quedan 15.000 ayudas de inmigrantes, que se inspeccionarán previsiblemente la próxima semana, porque es necesario cruzar sus autorizaciones de trabajo con las subdelegaciones del Gobierno y con Lanbide. El resto corresponden a jubilados que reciben la renta básica para complementar sus pensiones de escas cuantía.

La suspensión del pago resultará temporal para aquellos que subsanen la deficiencia, pero la pérdida durante este mes será automática. Por ello, todas estas personas -excepto aquellas que demuestren que ha existido un error en el cruce de datos- dejarán de recibir las cantidades precisas. El departamento no ha desglosado quiénes no tendrán ingresos este mes, pero confía en que una parte de estas deficiencias se arreglen para el próximo enero.

Ello tendrá su repercusión en los datos mensuales del paro, que aumentarán, pero fuentes de la consejería recalcan que se prefiere tener controlados a los parados para que accedan a los itinerarios de formación antes que "desempleados ocultos" e inciden en que los subsidios se ligarán a la búsqueda de empleo. Al msmo tiempo, rechazan hablar de fraude e inciden en que no son deficiencias en los requisitos para pedir la ayuda, sino en las obligaciones de los perceptores para seguir cobrándola.

La imposición de sanciones y suspensiones no está en manos del departamento, que es quien paga las ayudas, sino en la de las Diputaciones. Por ello, el Ejecutivo ha notificado ya a las instituciones forales las deficiencias y ha planteado las suspensiones temporales. Las Diputaciones y los Ayuntamientos realizan inspecciones, pero el Gobierno también debe realizar inspecciones por ley y es quien puede cruzar datos. Todo esto se deriva de la Ley para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social de 2008, que junto con los decretos que la desarrollan recoge cambios en las ayudas y en los criterios para su pago.

El departamento descartaba ayer que haya resistencia foral para oficializar las suspensiones, ya que estas medidas se han tratado en varias reuniones. En el caso de Vizcaya, han existido más contactos previos y se van a enviar cartas informando a los afectados. Sin embargo, portavoces de esta Diputación se mostraban ayer "reticentes" por el momento y la forma de adoptar la medida. Vizcaya es la provincia en que más irregularidades se han apreciado -4.767 suspensiones-, seguida por Álava, con 810 y Guipúzcoa, con 685 ayudas suspendidas. Cada una de ellas puede afectar a más de una persona.

El siguiente cruce de datos de la inspección se realizará con las haciendas forales, para conocer si cumplen los requisitos sobre bienes inmuebles. Los perceptores no deben poseer más que su primera vivienda, un garaje y un trastero, aunque hay excepciones que permiten tener más bienes.