La Fiscalía de Alicante archiva las diligencias contra los controladores

Cinco controladores aéreos del aeropuerto de Manises declararon ayer como imputados ante la fiscal jefe de Valencia, Teresa Gisbert. Formaban parte del turno del viernes por la tarde del día 3. Acudieron a la sede de la fiscalía acompañados de abogado, un letrado de un despacho de Madrid. Se acogieron, como han hecho otros compañeros en su comparecencia, por ejemplo ante la Fiscalía de Madrid, a su derecho a no declarar. El próximo viernes están citados otros cinco. La intención de la fiscalía es que comparezcan los casi 20 controladores de la torre del aeropuerto de Manises. Sobre ellos pesan, de momento, dos delitos: sedición y abandono del puesto de trabajo. El discurrir de las declaraciones debería despejar cuál es la imputación precisa. El comportamiento de los controladores de Manises está recogido en un informe policial en el que se deja claro que los que tenían turno el pasado viernes día 3, primera jornada del sabotaje, acudieron tarde a trabajar porque estaban en una asamblea en las dependencias del propio aeropuerto valenciano. Esos datos contrastan con los que maneja la Guardia Civil, competente sobre la torre de control. Según los datos del instituto armado, aquella primera tarde de la crisis aérea desatada por los controladores, todos menos uno, de baja médica, acudieron a su puesto de trabajo. No operaron porque el espacio aéreo ya estaba cerrado.

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El ministerio público deberá despejar si los controladores de Manises no trabajaron aquella tarde y la mañana siguiente porque se negaron a hacerlo o porque no tenían tarea que realizar dado que no podían despegar ni aterrizar aviones.

Un informe policial también ha servido de base para que la Fiscalía de Alicante tome la decisión de archivar las diligencias de investigación penal abiertas, dado que en él se recoge que todos acudieron a su puesto y no operaron porque no había nada que hacer en aquella tarde y la mañana siguiente.

Por otro lado, el ministro ha anunciado que privatizará en 2011 el control aéreo en 13 aeropuertos españoles, entre ellos l'Altet y Manises. Los sindicatos UGT, CC OO y la Intersindical replicaron que la privatización del servicio no solucionará el problema de los controladores.

El consejero de Infraestructuras, Mario Flores, dijo que está "de acuerdo" con cualquier medida que suponga "abaratar costes y hacer más competitivos los aeropuertos", si bien prefiere conocer "las condiciones" de la liberalización de las torres de control de Valencia y Alicante antes de hacer pública su postura.