La comisión excluye a miembros del actual Gobierno de los 33 citados

La comisión parlamentaria de investigación del caso De Miguel, las supuestas corrupción y espionaje por el que están imputados miembros del PNV, acordó ayer llamar a declarar a 33 de las 76 personas que los grupos propusieron a su presidente, Juan José Agirrezabala, de EA. Los grupos admitieron el doble criterio que este propuso para realizar esa criba: que la comparecencia hubiera sido pedida por dos o más grupos y que se ciñera a personas relacionadas directamente con los hechos investigados o que ocuparan cargos y responsabilidades públicas en el momento en que ocurrieron. Ello excluye a los actuales responsables de las entidades e instituciones afectadas -parques tecnológicos, Diputación de Álava o departamentos de Industria, Cultura e Interior- y a miembros del actual Gobierno como inicialmente quería el PNV.

La comisión pedirá los contratos de Telleria, Arriola y Otxandiano

Agirrezabala no precisará quiénes serán llamados por la comisión hasta mañana después de que hoy se le comunique a todos ellos. Ocho de esas personas están relacionadas con el primero de los cuatro bloques que investigará la comisión: las irregularidades en contratos de Cultura cuando la peneuvista Miren Azkarate dirigía el departamento.

Otras cinco acudirán por su relación con el segundo, el vinvulado al supuesto espionaje a personalidades alavesas. Nueve más declararán en relación con el tercer apartado, el dedicado a los parques tecnológicos, y 11 para aclarar la compraventa de terrenos en los Ayuntamientos de Zambrana y Santurtzi. Las 43 personas por ahora descartadas no lo están definitivamente. La comisión podría llamarlas en una segunda fase, si tras escuchar a los 33 comparecientes acordados en la reunión de ayer de la comision esta lo considera de utilidad.

Agirrezabala precisó también que los grupos han acordado solicitar un total de 57 documentos, entre los que citó los contratos de trabajo de tres de los imputados judicialmente: Alfonso Arriola, director del Parque Tecnológico de Álava cuando se adjudicó la operación de ampliación de sus terrenos y auditor del Tribunal Vasco de Cuentas cuando fue detenido en marzo pasado; Aitor Telleria, director del Centro de Empresas e Innovación de Álava, además de miembro de la ejecutiva del PNV y ex concejal y juntero por ese partido; y Koldo Otxandiano, gerente del Instituto Foral de Bienestar Social durante el primer año de la actual legislatura foral.

También se pactó pedir los contratos que cerró Cultura con Kataia, la empresa de las esposas de Tellería, Otxandiano y el diputado de Administración Local y Equilibrio Territorial, Alfredo de Miguel, al igual que con las firmas Errexal y Ortzi Muga.

La gran mayoría de la documentación solicitada, hasta un 90% o 95%, la tendrá que aportar el Gobierno. El resto será recabada a la Diputación de Álava y los Ayuntamientos de Zambrana y Santurtzi. Buena parte de ella ya obra en poder de los grupos parlamentarios, por las respuestas que el Ejecutivo ha debido ir dando desde que se destapó el escándalo a las peticiones de información y documentación escrita que le han sido solicitadas en la Cámara, en particular por el PP.

La comisión tiene previsto trabajar a un ritmo de tres reuniones por semana en el mes de enero, lo que supondría que las comparecencias casi pudieran sustanciarse en ese mismo mes.