Los huelguistas rehúsan declarar y recurren los decretos ante el Supremo

Los 12 primeros controladores citados para declarar por la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid se acogieron ayer a su derecho constitucional a no declarar y adujeron también su actual condición de militares. El fiscal jefe de Madrid, Eduardo Esteban, les aclaró que la jurisdicción civil es la competente porque los hechos por los que se les toma declaración se produjeron antes de la militarización del sábado.

Pese a que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, había señalado que el ministerio público pedirá hasta ocho años de cárcel para los controladores que abandonaron su trabajo por un delito de sedición, Esteban subrayó que "no se puede sugerir una pena cuando aún no se ha iniciado la investigación".

Hoy están citados otros seis controladores y ocho más el lunes. Si también rehúsan declarar, la fiscalía renunciará a citar a más y se seguirá la investigación con la policía.

A las puertas de la fiscalía comparecieron ante un centenar de informadores los portavoces del sindicato USCA, a título particular al estar su actividad sindical prohibida en la jurisdicción militar. Su hasta ahora portavoz, César Cabo, reconoció que la reacción del colectivo el viernes fue "desmesurada" al abandonar sus puestos pero señaló que la responsabilidad de cerrar el espacio aéreo fue de AENA, ya que hubo controladores suficientes para mantener las operaciones, aunque con dificultades.

Daniel Zamit explicó los recursos contencioso-administrativos que han presentado ante el Tribunal Supremo contra los decretos que militarizaron el espacio aéreo (el viernes por la tarde) y al colectivo de controladores (el sábado). También tienen intención de recurrir el que excluye de su jornada aeronáutica los permisos y horas sindicales, y que el líder de UGT, Cándido Méndez, consideró de "dudosa constitucionalidad".

En los recursos presentados ayer los miembros de la directiva de USCA solicitan al Supremo que les autorice a certificar su decisión de recurrir y se lo comunique a la autoridad militar para "eximir de responsabilidad alguna" por dicha actuación.

Los controladores avanzan que otra causa que alegarán en la demanda contra los decretos es la limitación del derecho fundamental a la libertad sindical por la militarización.