Un ex alcalde de Sitges paga una multa y se libra de ir a la cárcel

Pere Junyent, ex alcalde de Sitges (CiU), ha aceptado pagar una multa de 12.240 euros al reconocer que el vertedero que autorizó en un espacio natural protegido era ilegal, pese haber firmado en 1999 un escrito por el que se comprometía a cerrarlo.

Durante el juicio celebrado ayer en la Audiencia de Barcelona, Junyent admitió los hechos, aunque el fiscal rebajó la pena que pedía -seis años de cárcel- al cambiar el tipo de delito, de medioambiental a uno de depósito de residuos, y aceptó el atenuante de dilaciones atendiendo al retraso del juicio, ya que los hechos sucedieron entre 1999 y 2002, informa Europa Press.

En el caso también está imputado el ex concejal de Urbanismo Lluís Marcé, que defendió su inocencia asegurando que la gestión del vertedero no era competencia suya, si bien reconoció que firmó unos documentos que permitían efectuar desmontes para obras menores en el lugar, aunque no sabía que no era legal. "El papel en el que el alcalde se comprometía a cerrar el complejo no llegó a entrar en el Ayuntamiento y nadie sabía nada", afirmó.

El regidor autorizó un vertedero en un espacio natural protegido

Según el escrito del fiscal, en 1996 el ex alcalde firmó un convenio con la Diputación de Barcelona y con el vecino Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes -donde estaba el vertedero- por el que se comprometía a cerrarlo, y en 1999 su Consistorio redactó un escrito en el que se aseguraba que estaba en fase de clausura.

No obstante, varias denuncias alertaron de que la instalación no cumplía los requisitos de seguridad medioambiental y era un potencial foco de incendios, como demuestran las 21 denuncias presentadas por el Cuerpo de Agentes Rurales de la Generalitat.

En 1996, a sabiendas de lo ilegal del complejo, firmaron el convenio citado para su clausura, que no se cumplió, por lo que la Diputación interpuso una denuncia en 1998 y la Generalitat otra en 1999, lo que motivó el escrito en el que se aseguraba que estaba en desuso y "fase de clausura".

La apertura del controvertido vertedero se remonta a 1973, tras la cesión de los terrenos de un particular al Ayuntamiento, que decidió instalarlo de forma ilegal, sin licencia y sin cumplir la normativa sobre tales instalaciones ni en materia de prevención de incendios.