Un informe estatal ve problemas en la privatización del Canal

Un informe jurídico encargado por la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) encuentra dificultades legales en la privatización del Canal de Isabel II que prepara el Gobierno regional. El estudio concluye que los Ayuntamientos que tengan convenios con la empresa pública regional para la gestión del agua tendrán que anular dichos acuerdos. "La sociedad mercantil (la empresa privada que se quedase con el 49% del Canal) no podrá continuar con la gestión de los servicios de competencia municipal que fueron atribuidos al Canal mediante convenios", señala el informe elaborado por el catedrático de la Universidad de Zaragoza Antonio Embid. Y añade: "Los Ayuntamientos deberán obligatoriamente declarar resueltos los correspondientes convenios y proceder a asumir la gestión directa de los servicios de su competencia, o realizar una licitación para realizar una gestión indirecta de los servicios que hasta ahora atribuían al Canal".

El informe encargado por la CHT hace una mención especial al Ayuntamiento de Madrid. Subraya que en el convenio con el Canal ya se prevé una situación similar. Por tanto, el acuerdo deberá ser anulado. Los responsables del Ayuntamiento de Madrid ya contemplan las consecuencias de la privatización del Canal en los presupuestos para el próximo año. Algo que les ha servido para que la interventora municipal les dé un tirón de orejas por estimar 300 millones de ingresos en una operación sin concretar.El proyecto del Gobierno regional consiste en sacar a Bolsa el 49% del Canal de Isabel II. Para ello prevé constituir una sociedad a la que traspasará los bienes públicos que serán privatizados. La medida, anunciada en 2008, acumula numerosas críticas. "No hay justificación para llevar a cabo esta operación", explica Santiago Martín Barajas, portavoz de Ecologistas en Acción, que ha elaborado otro informe sobre la privatización. "Si se vende el Canal y los Ayuntamientos no anulan los convenios estarían incurriendo en prevaricación", advierte el responsable de la organización verde. Martín Barajas precisa que la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) tendría la obligación de retirar al Canal la concesión del agua de los 14 embalses. La organización ecologista ha remitido una carta al Ministerio de Medio Ambiente en la que reclama que "se le retire de inmediato al Canal el control de los embalses que gestiona de manera exclusiva y que se les cobre por el uso de las grandes conducciones y depuradoras financiadas por el Estado" si se privatiza.

Hace dos años la Confederación del Tajo ya patrocinó otro estudio jurídico sobre el asunto que concluía que "la privatización del Canal supondría un cambio de titularidad que debería ser aprobada por la Administración central". El documento estatal consideraba casi inviable la privatización por las "dificultades jurídicas". Este informe fue presentado unas semanas después de que Esperanza Aguirre anunciara el comienzo de la privatización.

Ahora el nuevo documento, encargado por el organismo estatal que gestiona el ciclo del agua en el cauce del Tajo, sostiene que "en modo alguno una sociedad mercantil puede ser titular de bienes de dominio público ni tampoco las Administraciones públicas pueden transferirle la titularidad de bienes de dominio público". Y precisa que los "Ayuntamientos tendrán que solicitar a la CHT las correspondientes autorizaciones o concesiones". El documento hace mención especial al caso del Ayuntamiento de Madrid. "Será necesaria la autorización expresa del Ayuntamiento respecto de la continuación de este convenio en el caso de la pérdida de la condición de empresa pública del Canal", reza uno de los artículos del convenio. Por eso, el informe de la CHT dice que "la consecuencia [de la privatización] es la necesidad ineludible de licitar la gestión de los servicios o de prestarlos directamente el Ayuntamiento".

Según el informe, los Ayuntamientos tendrán que anular los convenios con el Canal y sacarlos a concurso público o prestar esos servicios ellos mismos. Muchos Consistorios madrileños carecen de capacidad para gestionar los servicios de distribución, alcantarillado... por ellos mismos.

Ecologistas en Acción cree que la "auténtica razón por la que el Gobierno regional pretende privatizar el Canal de Isabel II es para que se puedan llevar a cabo desde el sector privado grandes operaciones de especulación inmobiliaria". El portavoz de la organización verde añade que "las consecuencias medioambientales y sociales de esta operación serían muy negativas y conllevarían el empeoramiento de la calidad del servicio de abastecimiento, potabilización y saneamiento...".