Hacienda implica al empresario Miguel Aguirre en el 'caso Iurbenor'
La acusación se limita a un supuesto delito de insolvencia punible
El caso Iurbenor sigue deparando sorpresas. La Hacienda foral de Vizcaya, la principal perjudicada por el impago por el presidente de Afer, Jabyer Fernández, de 43 millones de euros de IVA implica también en la causa al empresario Miguel Aguirre como "cooperador necesario", pero limita los supuestos delitos que habría cometido a insolvencia punible (vaciar patrimonialmente una sociedad a sabiendas).
Un informe de la Hacienda foral, presentada el pasado martes ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao, concluye la existencia del delito de insolvencia, pero no se refiere ni a la apropiación de fondos ni los delitos fiscal y societario, que son los que motivaron el inicio de las investigaciones penales hace ya más de año y medio. Como adelantó EL PAÍS el pasado 31 de octubre, la Fiscalía de Vizcaya tiene ya claro que no existe una apropiación de fondos por parte del presidente de Afer.
El informe considera a Aguirre cooperador necesario
Este caso nace de la venta de un suelo en Barakaldo de Iurbenor, una filial del grupo Afer creada exclusivamente para impulsar el proyecto Puerta de Bilbao, que iba a ser el mayor plan urbanístico en Euskadi, con 2.000 viviendas previstas. La crisis lo frustró e Iurbenor se vio obligada a vender los terrenos a los bancos acreedores por 310 millones de euros, lo que generó el citado IVA de 43 millones.
Con ese dinero, Fernández asegura que saneó las empresas de su grupo, pero también dedicó 8,5 millones a la compra de acciones de tres compañías, con el argumento de ofrecer más garantías para la petición de aplazamiento de la deuda fiscal, una solicitud que ha sido rechazada por la Diputación. Estas operaciones llevaron a siete socios de Fernández, entre ellos el presidente de Athletic, Fernando García Macua, a presentar una denuncia por supuesta apropiación de fondos y delitos fiscal y societario. Las investigaciones del juez han llevado a que se impute también en la causa al propio Macua y al directivo del Athletic Emilio Prieto.
El juzgado se hallaba a la espera del nuevo informe de Hacienda, en el que figuran las acusaciones contra Aguirre, quien es uno de los siete socios que denunció en mayo de 2009 a Fernández. El fisco foral había adelantado que disponía de nuevos datos, puesto que ya realizó a mediados de año, a petición del juez, otro estudio sobre las cuentas de Iurbenor.
El informe implica ahora a Aguirre como uno de los cooperadores necesarios del presidente de Afer en el supuesto vaciado patrimonial de Iurbenor, en concreto, por haber recibido dinero en el reparto del IVA.
Aguirre recibió 3,5 millones de euros por las acciones que su empresa Bost-H 96 poseía de la sociedad Habidite Alonsotegi, la filial de Afer creada para la novedosa fábrica de pisos modulares en ese municipio vizcaíno. Este proyecto se frustró tras el enfrentamiento de Fernández con el diputado general vizcaíno, José Luis Bilbao. Esos 3,5 millones los trasladó a Habidite Zaragoza, donde Afer trabaja en la construcción de los primeros pisos modulares, con lo que se da la paradoja de que uno de los denunciantes de Fernández es socio en el proyecto de la polémica fábrica de pisos.
Las diligencias del juzgado muestran que Aguirre realizó una declaración el 20 de mayo en el que se mostraba favorable a devolver ese dinero en caso de que fuera "entendido como ilegalmente dispuesto".
Tras recibir el informe de Hacienda se espera que el juez cierre las diligencias. Como ninguno de los siete socios denunciantes está personado como acusación particular y ni la fiscalía ni Hacienda plantean la presunta apropiación de fondos ni los delitos fiscal y societario, todo apunta a que el caso, si no se archiva, tomará una dirección diferente.
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