Aguirre quiere reservarse la opción de veto en Caja Madrid

Tan solo un año después de modificar la Ley de Cajas regional, la Comunidad de Madrid está ultimando la reforma a la que obliga el Estado para reordenar el sistema financiero español. El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno regional, Antonio Beteta, dispone hasta el próximo 13 de enero para hacer la modificación en la norma que afecta directamente a Caja Madrid. Entre las novedades, Beteta estudia incluir un apartado para reservarse el derecho de veto en las operaciones corporativas importantes que afecten a Caja Madrid. De esta forma, la Comunidad, gobernada por Esperanza Aguirre, tendría la última palabra en la enajenación de participaciones, ampliaciones de capital u otras actividades que afectaran a la entidad, según explican fuentes conocedoras del borrador que prepara Hacienda. Además, la Comunidad pretende reforzar el control político sobre la Obra Social de la entidad.

La nueva normativa prevé la salida de los cargos políticos de las cajas

El consejero de Hacienda se está reuniendo en las últimas semanas con dirigentes de las entidades representativas (partidos políticos, sindicatos, empresarios, otros agentes sociales, empleados y depositarios) para trasladarles el contenido de la nueva Ley de Cajas con la intención de lograr un acuerdo. Para cumplir los plazos el Ejecutivo autonómico tiene que aprobar la nueva ley antes del próximo jueves para que tenga tiempo de salvar la tramitación parlamentaria en la Asamblea de Madrid.

La reforma del sistema financiero español que impulsa el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, pretende reforzar la estructura financiera de las cajas de ahorro para lo cual sugiere que estas entidades ajusten sus gastos. La idea es que se transformen con ayuda del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, recursos públicos para ayudar a las fusiones y adaptación al nuevo sistema). Para ello tendrán que adaptarse y separar en mayor medida la Obra Social de su actividad financiera, con la forma de un banco y reduciendo las injerencias políticas.

Por eso la normativa de la Comunidad de Madrid debe ajustarse al Real Decreto Ley 11/2010, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros. Esta ley estatal prevé la salida de forma obligatoria y en un plazo de tres años de los cargos políticos de las asambleas y los Consejos de las cajas de ahorro. Estos serán sustituidos por representantes designados por el Parlamento autonómico y los plenos municipales, pero la representación pública no podrá superar el 40% del derecho de voto.

Fuentes conocedoras del borrador del texto explican que la Comunidad de Madrid podría saltarse la limitación del 40% restando el carácter de público a entidades representativas como el Consejo Económico y Social, las universidades o la Cámara de Comercio. De esta forma podría acumular de forma indirecta más del 40% de los derechos de voto.

El resumen del borrador que maneja la Comunidad de Madrid, que puede ser modificado a última hora por el Gobierno regional, recuerda que la reforma de la Ley de Cajas "persigue, en aras de la estabilidad, que no haya que abrir nuevos procesos electorales en Caja Madrid que se cerró hace unos meses tras un largo proceso electoral". El texto explica que la entidad madrileña se encuentra en una fase de integración en un SIP (Sistema Institucional de Protección, uno de los mecanismos de fusión ideados por las cajas) y que los cambios no deben provocar cambios sustanciales en sus órganos de gobierno". Caja Madrid está inmersa en un proceso de estas características con Bancaja, y las cajas de Ávila, Segovia, La Rioja, Laietana e Insular, que crearía la primera institución de este tipo de España. Esta fusión fría está pendiente de la autorización de la Comunidad de Madrid, que decidirá en los próximos días, según explican desde la Consejería de Hacienda.

La ley autonómica incorporará tras su modificación una regulación sobre los diferentes métodos de fusión o de modificación de la estructura de las Cajas de Ahorro. Entre ellos el SIP o la transformación de las cajas en fundaciones. Pero ello debe hacerse mediante la autorización de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, según prevé el borrador provisional. Además, se incorpora a la normativa regional la regulación de las cuotas participativas, una especie de acciones que emitirán las nuevas entidades a modo de capital. Los derechos económicos y políticos de estas estarán regulados en la nueva norma regional.