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Los jueces de Torremolinos se adueñan de los aparcamientos de los juzgados

El Ayuntamiento facilitó nueve plazas para aparcar en la calle

La guerra de los aparcamientos judiciales abrió ayer un nuevo frente en Torremolinos. Los diez jueces que ejercen en esa localidad malagueña decidieron el pasado 27 de octubre, por nueve votos contra uno, quedarse "de forma exclusiva" con las nueve plazas de estacionamiento cedidas por el Ayuntamiento en la avenida Joan Miró, donde se ubican los juzgados. Los jueces decidieron adueñarse de las tarjetas para estacionar que facilitó el consistorio a cada uno de los juzgados invocando "entre otros motivos, razones de seguridad". La única juez que votó en contra de esta medida fue la decana de Torremolinos, Pilar Ramírez Balboteo, que proponía que cada juez distribuyera la tarjeta al personal de su oficina "atendiendo a criterios de necesidad, urgencia o razones de servicio".

Los argumentos de la juez Ramírez -la misma magistrada que fue suspendida de sus funciones durante cuatro años por resolver asuntos que afectaban a su familia durante cuando ejercía en Marbella- fueron desechados por el resto de sus compañeros de juzgado. Triunfó la propuesta del titular del Juzgado de Instrucción número 3, Ignacio Angulo, quien sostuvo que como la petición de plazas de aparcamiento la formuló la Junta de Jueces de Torremolinos, su disfrute debería corresponder a los jueces.

La propuesta del juez Angulo implicaba, además, que la juez Ramírez solicitara a los "cuerpos de seguridad" que vigilen los aparcamientos. Según el acta de la reunión, que fue publicada en los distintos tablones de anuncios de los juzgados torremolinenses, se buscan dos objetivos: "que nadie aparque sin tarjeta y que (...) al pertenecer los coches a los jueces, evitar que se puedan producir situaciones de riesgo, atentados o cualquier tipo de incidente".

El Sindicato Profesional de la Justicia (SPJ-USO), que representa a funcionarios, rechazó la pretensión de los jueces de "autoadjudicarse" las plazas reservadas de aparcamiento. "La seguridad no es patrimonio exclusivo de los jueces y todos los que trabajamos en esta nuestra Administración de Justicia tenemos idéntico derecho a ella".

SPJ-USO exigió a la Consejería de Gobernación y Justicia, que tiene competencia sobre los edificios judiciales en la comunidad, que "regule el uso de las plazas de aparcamiento en Torremolinos". "Estos aparcamientos no son privativos de ningún colectivo, sino del conjunto de personal que presta sus servicios de la Administración de Justicia de esta localidad", sostiene el sindicato. De momento, la Consejería de Gobernación y Justicia, dirigida por Luis Pizarro no se ha pronunciado sobre esta polémica.

El asunto de los aparcamientos de las sedes judiciales generó una fuerte controversia en la Ciudad de la Justicia de Málaga. Los dos últimos jueces decanos de esta ciudad, Manuel Caballero Bonald y José María Páez, y el presidente de la Audiencia Provincial, Francisco Arroyo, han reclamado en distintas ocasiones el uso para los jueces de los aparcamientos del sótano del edificio, el mayor centro administrativo de Andalucía. La Junta siempre ha rechazado otorgar a los magistrados lo que considera un mero privilegio de casta y las plazas siguen siendo para el primero que llega.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 2 de diciembre de 2010