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LA INVESTIGACIÓN DEL 'CASO TELLERIA'

El juez avaló que los periodistas no revelaron resoluciones del sumario

Los 'ertzainas' imputados por espionaje pudieron ver las fichas en sede judicial

Roberto Ramos, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria, avaló en septiembre pasado que las informaciones publicadas por tres periódicos, entre ellos EL PAÍS, sobre el supuesto espionaje político del caso Telleria no revelaban ninguna "resolución judicial", "actuación o diligencia de información" ni el resultado de estas investigaciones protegidas por el secreto de sumario. La afirmación, incluida en un auto al que ha tenido acceso este periódico, contradice el argumento que la defensa de los dos ertzainas acusados de facilitar información al ex dirigente del PNV alavés Aitor Telleria, también imputado, han utilizado para poner en marcha una investigación judicial para revelar las fuentes de los periodistas. La juez Ana Zulueta se encarga de estas pesquisas.

El juez defiende el secreto para evitar "interferencias o manipulaciones"

"Lo que en ningún caso le consta al que suscribe [el juez] es que durante el tiempo que el procedimiento ha estado secreto se haya publicado el contenido de alguna resolución judicial dictada a lo largo de la instrucción, o alguna actuación o diligencia de información efectuada en base a las mismas, o lo que es más importante, el resultado de estas", afirma el juez en el auto, con fecha del 15 de septiembre de 2010. Desestimó así la petición de las defensas de levantar el secreto de sumario.

Los letrados afirmaban que el secreto ya no cumplía con su finalidad después de que EL PAÍS, El Mundo y El Correo publicaran que Telleria guardaba fichas sobre sus adversarios políticos y otras destacadas personalidades alavesas. Los dos agentes supuestamente se servían de su puesto en la Unidad de Información y Análisis de la Ertzaintza (ahora Unidad Antiterrorista) para acceder esta información privilegiada. Están imputados por descubrimiento y revelación de secretos, así como por otro delito de infidelidad en custodia de documentos.

Los abogados, cercanos al PNV, querían saber cuanto antes hasta dónde llegaba la investigación, alegando que sus clientes estaban en situación de "indefensión" al conocer por los medios la información por la que estaban imputados, sin saber si lo publicado era cierto. En sintonía con la fiscalía, el juez también contradice este argumento, al recordar en el auto que estos pudieron ver el contenido de los archivos informáticos que dieron inicio a la investigación el pasado 8 de julio en su declaración judicial. "Tanto los imputados como sus defensas pueden valorar si lo supuestamente publicado [...] se corresponde con la realidad", añade.

El auto recalca que si bien los archivos están incluidos en la causa, esto "no significa necesariamente que se haya quebrantado el secreto de sumario ya que no puede afirmarse con rotundidad que dichos archivos [...] se encuentren única y exclusivamente en el procedimiento judicial". Recuerda que, al tratarse de ficheros digitales hallados en "un disco duro de uno de los imputados, no sería descabellado, irracional o ilógico" pensar que pudieran estar también en manos de terceras personas no ligadas a la investigación.

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El auto incide en la necesidad de mantener el secreto de sumario para que la investigación no se vea "frustrada" y evitar "interferencias o manipulaciones". El juez prorrogó el lunes por tercera vez el secreto por otro mes.

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