El 84% de los municipios ya tiene registro de demandantes de vivienda

Ocho meses después de la aprobación de la Ley del Derecho a la Vivienda, 648 Ayuntamientos tienen ya dispuesto su registro de demandantes en el que deberán inscribirse obligatoriamente todas aquellas personas que aspiren a una VPO y que debe permitir ajustar mejor las políticas de vivienda a las necesidades reales de la población.

Los municipios que ya tienen el visto bueno de la Junta a los reglamentos que regulan los registros son el 84% del total de Ayuntamientos andaluces, pero concentran al 95% de la población residente en la comunidad autónoma. Otros 73 Ayuntamientos han iniciado los trámites para la puesta en funcionamiento de los registros pero deben corregir algunas anomalías a instancias de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda relativas en la mayoría de los casos a los criterios de selección. A la Junta compete en última instancia la aprobación de los reglamentos municipales de los registros, aunque los municipios tienen autonomía pata gestionarlos y establecer las medidas que en cada caso consideran oportunas para satisfacer las necesidades de vivienda.

648 municipios tienen autorizado el reglamento y 73 deben modificarlo

Gracias a estos registros, la Administración dispondrá de información precisa no sólo sobre el número de demandantes, sino sobre su situación económica y familiar, el tipo de vivienda necesaria (superficie, número de habitaciones), si se requiere algún tipo de adaptación por discapacidad, y el régimen al que opta (compra o alquiler). Hasta ahora la Administración solo dispone de datos estimativos y aproximaciones mediante estudios y encuestas de las necesidades de vivienda.

La herramienta informática diseñada por la Junta y ofrecida también a los municipios para una gestión única de los registros permite cruzar los datos además con los de otras administraciones para tener disponible información actualizada sobre los demandantes del Ministerio del Interior, Hacienda o el Catastro, por ejemplo, para comprobar que efectivamente cumplen los requisitos exigidos por la ley para tener derecho a una VPO. Cada solicitante puede inscribirse en un máximo de tres registros municipales.

Hasta ahora, 399 Ayuntamientos han solicitado el alta en este programa informático, y 179 ya lo tienen en aplicación. La grabación ya realizada de los datos en estos municipios ha permitido conocer por ejemplo que sobre las 30.000 primeras solicitudes el 66% de los demandantes prefiere una vivienda de alquiler, aunque en su mayoría con opción a compra.

Cada Ayuntamiento establece sus propios requisitos para la adjudicación de las VPO, y puede baremar criterios como la antigüedad de inscripción en el padrón y en el registro, la situación laboral...

La herramienta informática diseñada para la gestión de los registros puede permitir la eliminación de los sorteos indiscriminados, un sistema de adjudicación que según la consejería ha creado muchas "frustraciones" y que se ha evidenciado poco eficaz porque en innumerables casos los agraciados no se han hecho finalmente con la vivienda porque no han podido acreditar cumplir todos los requisitos.

El 60% de los municipios que tiene aprobado su reglamento del registro de demandante ha optado por incorporar un sistema de baremación que establece una clasificación de los solicitantes en función del grado de cumplimiento de los requisitos establecidos en cada caso de forma que se adjudican automáticamente. Un 20% de los casos ha optado por el sorteo, mientras que un 15% de Ayuntamientos ha introducido como criterio determinante de las preferencias la antigüedad en la fecha de inscripción en el registro.

Granada es la provincia con más municipios con registro ya aprobado (132), seguida de Sevilla (97), Almería (92), Jaén (85), Huelva (70), Málaga (67), Córdoba (62) y Cádiz (43).

De momento, 50 municipios en los que reside un 11% de la población andaluza no han presentado aún las ordenanzas para la puesta en marcha de los registros.

La Junta ha concedido ayudas a 521 Ayuntamientos por importe total de 3,6 millones de euros -la cuantía máxima es 30.000 euros por caso- para la creación de los registros.