A vueltas con el modelo institucional

Ese grupo de sabios que periódicamente convoca el lehendakari, cuya mayor ventaja respecto de otros cónclaves similares radica en que no le cuesta un euro al contribuyente, ha recomendado, al parecer, que se revise el modelo institucional vasco para una mayor eficiencia y racionalidad en el gasto público. No se ha informado si tal recomendación resulta de un análisis previo, basado en datos y cifras contrastados, sobre lo que se despilfarra y lo que podría ahorrarse, o estamos, una vez más, ante una afirmación que se lanza a ojo de buen cubero y que se está convirtiendo en un mantra más de los muchos que existen y circulan en nuestra vida política.

No seré yo quien niegue la necesidad de revisar el entramado institucional vigente. Estoy seguro de que en su funcionamiento, como en cualquier otro, se están produciendo ineficiencias de gestión y costos injustificados. Estoy seguro también de que a la hora de debatir y decidir sobre posibles modificaciones no cabe imponer ningún límite o condición que impida lograr el objetivo esencial de toda norma jurídica: favorecer la convivencia ordenada y el bienestar de los ciudadanos. Dicho esto, pienso también que no podemos incurrir en el error, muy frecuente cuando se plantea esta cuestión, de confundir los vicios y el derroche inherentes al modelo en sí, con los que son consecuencia de un mal uso del mismo por los políticos y por los partidos.

Ojalá los partidos se comprometan a auditar a todas las instituciones

Permítaseme una reflexión desde mi experiencia personal. Siendo diputado general de Álava de 1979 a 1983, no se nombró ni un sólo cargo de confianza ni un sólo asesor. Los diputados y yo mismo trabajamos con los funcionarios forales. En la primera legislatura del Parlamento vasco, de 1980 a 1984, se elaboraron las leyes que iban configurando el poder autonómico desde cero, sin prácticamente otros medios o apoyos que el trabajo de los propios parlamentarios. Los alcaldes y concejales que conocí entonces acometieron su tarea, con los medios humanos y materiales que encontraron en sus ayuntamientos. Y el propio Gobierno vasco, en esa primera legislatura, funcionó con una economía de medios evidente. Por todo ello, cuando hoy día observo lo que ocurre en esas mismas instituciones, y en general en todas las demás, plagadas de gabinetes de relaciones públicas, de cargos de confianza, de asesores, que pululan en edificios remodelados y mil veces redecorados con un lujo excesivo, concluyo que cualquier ajuste o cambio del modelo institucional resultará inútil mientras los políticos no cambien. Si hoy estuvieran más preparados y fueran menos sectarios, no necesitarían de tanto aparato y de tanto ornamento. Si hoy la clase política tuviera simplemente el mismo sentido de lo que supone administrar los recursos de todos que existió en el inicio de la transición democrática, no aprovecharía la pólvora del rey para cebar las escopetas de tantos y tantos cazadores emboscados en una red de organizaciones varias, creadas desde su inicio para eludir las normas del Derecho Administrativo y hacer de la capa un sayo.

Claro que el actual modelo institucional no es algo sagrado e intocable. Pero cualquier reforma se diluirá en agua de borrajas si, por ejemplo, no se resuelve un problema mucho más grave por su dimensión y sus consecuencias: la práctica inexistencia de normas, de criterios objetivos y de controles para evaluar y auditar el gasto de los servicios públicos, así como la necesidad y rentabilidad de las inversiones públicas. Por ejemplo, las decisiones sobre los equipamientos públicos se toman en general a golpe de ocurrencia, buscando la mayor gloria y el mejor resultado electoral, sin tener siquiera una previa idea de qué clase de ciudad o pueblo queremos y nos conviene, y de lo que nos podemos permitir. Y así se van multiplicando los palacios, los teatros, los polideportivos, los pabellones, los edificios públicos de toda índole infrautilizados, mal distribuidos, generadores de un gasto corriente que pronto ahogará económicamente, si no lo está haciendo ya, a nuestras instituciones, y que, por tanto, lejos de contribuir al bienestar de todos los ciudadanos, pone en peligro el gasto auténticamente social y el nivel de los servicios básicos. De poco servirá reformar la distribución de competencias entre instituciones, hasta suprimir o reducir incluso el papel o función de cualquiera de ellas, si no se introducen criterios de racionalidad y de eficiencia en la actuación administrativa.

En definitiva, la recomendación de ese grupo de sabios, en orden de la revisión de nuestro modelo institucional, es muy oportuna, y debería ser atendida. Ojalá de una vez por todas los grupos políticos se comprometan a auditar la gestión de todas las instituciones, desde el Parlamento vasco al más pequeño de nuestros ayuntamientos, y a suprimir, concentrar, fusionar, reducir o reformar cuanto convenga para que al final existan unas instituciones con competencias y funciones bien determinadas, con una composición y medios humanos y financieros congruentes con esa función, y regidas por normas y principios propios de una administración pública imparcial, moderna y eficaz. Pero mucho me temo que nada de esto va a ocurrir, ya que los intereses partidistas impedirán cualquier reforma global y seria, que afecte, no sólo al modelo en sí, sino a los criterios y principios de actuación de quienes lo van a utilizar o servir.