Inmovilizados los lotes fraudulentos de aceite
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La Consejería de Salud de Andalucía ha ordenado la inmovilización de los lotes de aceite de oliva en los que se ha detectado fraude en la denominación. La decisión se ha adoptado después de conocer los resultados de los controles efectuados por el servicio de Inspección de la Dirección General de Consumo: en 24 de las 50 muestras analizadas, la calidad del aceite era inferior a la que señalaba la etiqueta del producto.
Los controles se han centrado en aceite de oliva etiquetado como virgen o virgen extra y que, en la mayoría de los casos, se vendían a un precio "extraordinariamente bajo". Las asociaciones agrarias llevaban tiempo denunciando que los precios que ofrecían algunas marcas estaban por debajo del coste de producción del aceite de oliva virgen y virgen extra, por lo que el pasado verano la Junta puso en marcha una campaña de inspección en establecimientos de Córdoba y Jaén, las dos provincias que más aceite producen.
El control se ha hecho sobre 50 lotes de aceite de marcas distintas y con origen "en diferentes puntos del país", según explicó ayer la Junta a través de un comunicado. A la vista de los resultados, la Dirección General de Consumo ha abierto un expediente administrativo y ha comunicado a los establecimientos la inmovilización del lote fraudulento y la prohibición de ponerlos a la venta.
Nuevos análisis
Si las empresas no están de acuerdo pueden solicitar una prueba de contraste. Y en caso de que los resultados no coincidan, se haría un tercer análisis con carácter urgente y que sería definitivo para determinar la categoría del producto analizado. El primer análisis se ha hecho en los laboratorios agroalimentarios de la Junta, el segundo se haría en uno privado a elección de cada empresa y el tercero, en un laboratorio del Gobierno central. La Consejería de Salud no hará públicas las marcas analizadas hasta que no concluyan todas las pruebas.
La campaña de inspección, que se inició en mayo con el control del etiquetado, todavía no ha concluido. Ahora se va a iniciar una segunda fase para comprobar el origen y las diferentes etapas que sigue el producto hasta llegar al mercado. Salud ha insistido en que el fraude detectado no supone "ningún riesgo" para la salud y que la decisión de prohibir su venta se ha adoptado para proteger "los derechos del consumidor".
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