Con el territorio hemos topado

Manejar un Gobierno tripartito no es sencillo. Menos aún si el territorio se rebela. El camino del PSC, ERC e ICV ha sido largo y angosto, repleto de pequeñas minas que han amenazado con hacer saltar por los aires el pacto político. En la última legislatura, la Ley de Veguerías, el almacén de residuos nucleares y temas que afectan a la ordenación del territorio han tenido en vilo a los mandatarios.

El tripartito se firmó con el compromiso de aprobar una nueva organización territorial, las veguerías, objetivo clave para ERC. Significaba trocear el territorio de las cuatro provincias actuales en las siete figuras históricas. Para aprobarla, el Gobierno tuvo que batirse en distintos frentes, con muchos alcaldes, la mayoría de ellos socialistas que temían la pérdida de poder. Mientras, más de un convergente aprovechó para jugar al desgaste.

Tarragona y Reus reabrieron su rivalidad para ser capital

La Generalitat retiró su plan de llenar el Alt Empordà de molinos de viento

Tarragona y Reus volvieron a discutir sobre a cuál de ellas correspondería la capitalidad. En la zona se presentaron más de 5.000 alegaciones. Lo mismo ocurrió entre Vic y Manresa por la jefatura en la veguería de la Cataluña central. Lleida se descolgó pidiendo un modelo distinto, que no dividiese en tres la provincia. Y en Girona, la comarca del Ripollès tampoco acabó de ver bien los cambios que se proponían.

La ley ha sido uno de los ejes del último año de la legislatura. Amplios sectores del PSC se mostraron en contra porque consideraban que era costosa e incluso innecesaria, teniendo en cuenta la crisis económica (engorda la administración pública), y pidieron que se pospusiese su aprobación hasta después de las elecciones.

Pero el presidente de la Generalitat, José Montilla, se mantuvo firme en su compromiso y consiguió salvar el proyecto. Y con él, el tripartito. En julio el Parlament aprobó cuatro veguerías: Tarragona, Barcelona, Lleida y Girona. En una segunda fase se crearán las tres restantes: Terres de l'Ebre, Catalunya Central y Alt Pirineu.

Mientras se desactivaba este problema, arreciaba el del almacén nuclear. El Ejecutivo ha mantenido un pulso con Ascó para evitar que se instale allí el silo. La posibilidad todavía planea sobre la localidad tarraconense.

Montilla ha jugado al despiste. Él lanzó formalmente la convocatoria para instalar el almacén nuclear en España en su etapa como ministro de Industria. El alcalde de Ascó, Rafael Vidal (CiU), levantó enseguida la mano como voluntario a albergarlo porque supone una inversión de unos 700 millones de euros y unos 300 empleos.

Ante el silencio del presidente, sus socios de gobierno peleaban para frenar la candidatura del municipio. En enero se hizo efectiva. Iniciativa per Catalunya amenazó con salir del Ejecutivo autónomo si la Generalitat no expresaba su rechazo. En marzo el Parlament firmó una moción no vinculante en contra. Otro fuego apagado, al menos por el momento (Ascó sigue en las oraciones del ministro de Industria, Miguel Sebastián).

Los problemas se han ido multiplicando en todas las provincias, por todo el territorio: en contra de las incineradoras, en contra de la desalinizadora de El Prat, en contra de los trasvases de agua... En todas, pero especialmente en Girona.

Primero fue la línea de muy alta tensión (que todavía colea). Luego el macroparque con 64 gigantes de viento que Gamesa propuso montar en la comarca del Alt Empordà, con el apoyo del Departamento de Economía, que veía con buenos ojos la propuesta. El territorio se levantó. La presidenta del consejo comarcal, la socialista Consol Cantenys, encargó la elaboración de un mapa eólico propio (en Girona no hay un solo parque, mientras que Tarragona está atestada de molinos). Al final, la Generalitat de nuevo evitó la catástrofe: trató de hacer las paces echando atrás el proyecto de Gamesa.