Mar de fondo

El intelectual inglés Tony Judt en su libro Algo va mal se pregunta "¿Por qué nos hemos apresurado tanto en derribar los diques que laboriosamente levantaron nuestros predecesores? ¿Tan seguros estamos de que no se avecinan inundaciones?". Los empresarios valencianos lo están pasando mal y nuestros gobernantes son responsables de mirar hacia otro lado. Los indicadores de la economía valenciana son desalentadores. Tenemos índices de consumo interno en caída libre, que a la vista de una incapacidad crónica para reanimar la actividad exportadora, nos abocan a una parálisis endémica. ¿De qué van a vivir los valencianos durante los próximos veinte años? El paro crece, la productividad no mejora, la competitividad languidece y las reservas exhaustas de las empresas afrontan el tercer ejercicio de una crisis de la que no se atisba la recuperación. Ahora se necesitaría un sector público potente y con recursos disponibles para ayudar a las empresas en una etapa repleta de dificultades económicas y financieras. Nos encontramos con todo lo contrario: son las empresas privadas las que están financiando al sector público ante su incapacidad de pagar a sus proveedores puntualmente.

Estamos recogiendo los resultados de varias décadas de desviación internacional, de la que hemos sido cómplices y víctimas. Los efectos de la globalización nos han llevado a perder los lazos que aportaban seguridad en los comportamientos empresariales y unas señas de identidad -potencial industrial y exportador- que hemos abandonado, deslumbrados por el crecimiento infinito. Se ha ejercido una inconveniente presión política sobre las entidades económico-empresariales que han disminuido su capacidad crítica y ha impedido que desarrollen acciones que les son propias. Todas aquellas que conducen a la regeneración de la actividad económica. Parece como si los empresarios, siempre partidarios de la defensa de la libertad, sean incapaces de realizar su particular travesía del desierto sin tener que estar tutelados por los políticos de turno.

En este panorama desazonador nos encontramos con las detonadoras de la crisis que son las entidades financieras, que se rescatan y se fusionan a cargo del dinero del contribuyente. Bancos y cajas que, en sintonía con un sector público insolvente, están acaparando los recursos financieros escasos que necesitan las empresas, que son las únicas que pueden relanzar las actividades productivas.

La asfixia financiera a que están sometidas las empresas puede acabar con los escasos beneficios, de los que depende tanto la contratación laboral como la recaudación de impuestos y la supervivencia de las unidades de negocio. En ningún país del mundo se vota contra los avances de la sociedad de bienestar ni para suprimir la asistencia sanitaria, la educación pública, los subsidios de desempleo ni las pensiones previstas. Los partidos políticos ante las convocatorias electorales no pueden creer que los votantes son estúpidos e irresponsables. En el campo económico, no se sabe por qué, se está dejando para el último lugar la gran cuestión pendiente que es la suma de competitividad y financiación. Entre los empresarios valencianos existe la convicción de que los instrumentos conocidos para la promoción económica como pueden ser los institutos industriales, turísticos y para la exportación, están obsoletos y son ineficaces para resolver los problemas que acucian a las empresas.

No hace mucho se creyó que la bicoca inmobiliaria iba a ser el motor eterno de todos los sectores y hemos pasado a la demonización de la construcción con la retirada de desgravaciones para la adquisición de vivienda. Ni aquello ni esto. Nuevamente se pretende invertir el sentido de la historia, porque alguien habrá de explicar por qué se hizo aquello y cómo pretenden ahora deshacer la madeja de superproducción inmobiliaria que está colapsando el mercado. Si no se compra ni se vende no hay beneficios, ni liquidez ni se generan impuestos para las arcas públicas. Y si así se ha de salir de la crisis que venga algún sabio y que lo explique. Únicamente se ha entendido en el País Vasco y en Navarra, donde se mantienen las desgravaciones fiscales a la adquisición de primera vivienda, porque no han enloquecido, porque son los territorios españoles con mayor autonomía fiscal y porque son los mejor preparados para salir de la recesión. Muchos españoles, si hacen números, querrán ser vascos o navarros, como otros que no han dudado en trasladar sus domicilios fiscales a estos territorios, donde sociedades y personas físicas gozan de un trato más favorable. Y no hay que perder de vista que Cataluña, tras las elecciones del 27 de noviembre, puede iniciar el camino para cruzar la línea de un concierto económico que acabaría de descomponer el principio autonómico de "café para todos", cuando la realidad es que hay españoles de primera y de segunda, de acuerdo con el signo y el sentido común de los políticos y los gobiernos que nos corresponden.