Razón y sentimiento

La cautelosa reacción del Gobierno socialista ante el desmantelamiento el pasado día 8 por la gendarmería marroquí de un campamento levantado durante las semanas anteriores a pocos kilómetros de El Aaiún (20.000 pobladores alojados en jaimas) invocó para justificar su prudencia los intereses que ligan a España con el reino alauí y la insuficiente información disponible sobre los hechos. Sin embargo, todos los grupos del Senado -salvo el socialista- han condenado la actuación de Rabat. Además, la simpatía -organizada o difusa- de la sociedad española hacia los 70.000 saharauis abandonados a su suerte por el régimen de Franco en noviembre de 1975 dan en la línea de flotación de un PSOE algo reanimado -poco dura la dicha en casa del pobre- por el reciente cambio de Gobierno.

La gendarmería marroquí desmantela un campamento saharaui a las puertas de El Aaiún

El hecho de que la acción exterior del Estado se halla fundamentalmente guiada por los intereses nacionales y no por los principios humanitarios constituye una obviedad solo negada -le ocurrió alguna vez a Zapatero- en momentos de ebriedad retórica. Cabe atribuir la repentina adhesión del PP a la causa saharaui al oportunismo de los partidos de la oposición -así ocurrió en 1986 con el referéndum sobre la OTAN- en busca de votos; la hostilidad de los dirigentes populares hacia Marruecos explica el apoyo que dieron a la disparatada teoría de la participación de los servicios secretos del reino alauí en el atentado del 11-M.

Por lo demás, la fotografía de la participación de la actual ministra de Asuntos Exteriores, antes de asumir la cartera del departamento, en una festiva manifestación de apoyo a la autodeterminación del Sáhara Occidental simboliza gráficamente el pronunciado viraje del Gobierno respecto a la descolonización pendiente del Sáhara Occidental. La hipótesis de que ese proceso exigido por Naciones Unidas hubiera podido concluir con la aceptación voluntaria de la población saharaui de una amplia autonomía pierde plausibilidad desde el momento en que Marruecos la impone con la fuerza de las armas como única opción.

Las autoridades de Rabat desconocen que la democracia pluralista es un régimen de opinión, nacida primero en diferentes nichos de la sociedad y recogida, articulada y transmitida luego por los medios de comunicación. La visita a Madrid del ministro del Interior marroquí como correo de la verdadera información sobre los sucesos de El Aaiún y las injuriosas acusaciones de racismo lanzadas contra los periodistas españoles como maliciosos difusores de noticias falsas parecen estampas en sepia extraídas de la historia reciente de nuestro país. Por ese motivo resulta incomprensible que el Gobierno español pretenda arbitrar entre la locuacidad incontrolada del poderoso aparato estatal marroquí, capaz de suprimir testimonios molestos y de manipular pruebas, y el silencio obligado de unos periodistas a quienes se niega la entrada en el país.