Obligaciones históricas

Los gobiernos, en ocasiones, toman medidas que se consideran impopulares. Las justifican con la frase de que "se han tomado en razón del interés general". Podríamos citar muchas, algunas bien recientes. La reforma laboral exigida por las circunstancias económicas en las que nos encontramos y por la presión de los organismos internacionales podría servir como ejemplo. Las subidas de impuestos, otro. Ningún ciudadano las apoya y sabemos que son necesarias para salir de la crisis. Cuestión distinta es que estas medidas no se articulen adecuadamente por cuanto falta un mecanismo de recaudación sobre las grandes fortunas y entidades financieras, como también porque el impuesto no se establece con carácter progresivo en función de los ingresos. Se impone un tipo impositivo idéntico para quienes ganan mucho y quienes ganan muchísimo. Son decisiones mejorables pero necesarias.

Sin embargo, hay otras cuestiones que, aun afectando a los intereses generales, si no se acometen por el gobierno con franqueza y con autoridad quedan afectados los valores supremos de una sociedad. Son aquellas en la que los ciudadanos se posicionan uniformemente ante determinados comportamientos, surjan desde dentro de la sociedad o surjan fuera. De sobra sabemos que esto del "clamor de la calle" es susceptible de mil interpretaciones y que son muchas las opiniones interesadas que pretenden extender al conjunto de los ciudadanos lo que no es más que actitudes de un grupo. Pero de la misma manera, también sabemos que existen asuntos en los que la opinión de los ciudadanos está fundada en unas profundas convicciones, en sentimientos enraizados por la historia, la cultura y las ideas.

A poca reflexión que se haga nos tiene que venir a la memoria el compromiso del presidente de Gobierno actual -uno de sus mayores logros- a retirar las tropas de Irak. Los ciudadanos exigían no participar directa ni indirectamente en una guerra ilegal. Nos retiramos, lo que nos llevó a no contar con el favor de EE UU ni poder colocar las piernas encima de una mesa en el rancho de Bush. Atrás, y para la anécdota, quedarán estas piernas haciendo juego con la foto de las Azores. Por el contrario, para la historia y para los ciudadanos, quedará una actitud y un Gobierno que cumple su compromiso con las leyes internacionales. Y este es el comportamiento que la inmensa mayoría de los ciudadanos vuelven a exigir en el caso del Sáhara y de los sucesos de El Aaiún. Se exige una respuesta fuerte frente a Marruecos.

No cabe duda que una buena colaboración entre países vecinos con culturas bien distintas, como es el caso, es necesaria en función de razones de Estado. También necesaria frente al terrorismo islámico y el narcotráfico sin olvidar los intereses de las ciudades españolas de Ceuta y Melilla. Sin embargo, al igual que la guerra de Irak estaba en contra de la legalidad internacional, la actuación de Marruecos, ocupando por la fuerza un territorio en contra de la legalidad internacional, exige un comportamiento firme en defensa de la legalidad y de los derechos humanos. Más obligado si cabe cuando se escuchan rumores fundados de masacres de la población civil indefensa y la muerte de un ciudadano español.

Una actitud comprometida con los valores de la paz y con los derechos humanos protegerían mejor los intereses generales de España pues estaríamos a favor de la legalidad internacional y en contra del uso irracional e ilegal de la fuerza, haciendo de alguna forma menos doloroso el dolor del pueblo saharaui. Un pueblo, cuyos niños y niñas, recibimos en nuestros hogares de Andalucía y que, cada verano, sus ojos nos recuerdan la tragedia de un pueblo y nuestras obligaciones para este pueblo que, por muchas razones, ningún interés debería hacer olvidar.