Un juzgado abre el 'caso Gespro' por supuesta estafa

He aquí el doble desaguisado de una gestoría: uno, dejar de pagar el agua, la luz y demás gastos de las 300 comunidades de vecinos que llevaba en el centro de Madrid, y dos, no devolverles su dinero a los clientes cuando, sorprendidos por los consiguientes avisos de corte de suministros, acuden a su sede para romper el contrato con ellos y pedirles que les den inmediatamente sus fondos. La administradora de fincas Gespro, imputada por "estafa" y "apropiación indebida" por una de las comunidades de vecinos afectadas, tendrá que explicar su descalabro el pasado diciembre en un juzgado de Madrid.

Un juzgado ha citado a los responsables de la administradora de fincas Gespro para que respondan lo que llevan preguntándose dos meses cientos de vecinos madrileños: ¿Por qué incumplieron su obligación de pagar las facturas de sus clientes, exponiéndolos a cortes de agua, luz y otros servicios? ¿Y dónde está el dinero que les ingresaban en una cuenta para sus gastos de comunidad?

La gestoría llevaba los gastos de 300 comunidades de vecinos en el centro

Un documento indica que se sacó dinero de la cuenta de sus clientes

Los propietarios de un edificio de la calle de Manuela Malasaña han denunciado a la gestoría por posibles delitos de "apropiación indebida" y "estafa", llamando a declarar como imputados a la consejera delegada y al gerente de la empresa. "Les hemos pedido que nos devuelvan el dinero, 25.000 euros, y no lo han hecho. Eso se llama apropiación indebida", afirma un portavoz de esta comunidad de vecinos.

El juzgado de instrucción 37 de Madrid ya ha abierto diligencias previas y tomará declaración a los dos imputados el 10 de diciembre.

Gespro fue hasta septiembre una de las principales administradoras de fincas de la capital. Llevaba más de 300 comunidades de vecinos y 400 pisos de alquiler en el centro de Madrid. Tenía unos fondos cercanos a los tres millones de euros y facturaba cada mes un millón en pagos de comunidades e ingresos de alquileres, según empleados que se ocuparon de las finanzas de la empresa.

Hace dos meses sus clientes descubrieron que no pagaban sus recibos: las empresas proveedoras de luz, agua, mantenimiento y demás les anunciaron que les iban a cortar sus servicios. Protestaron a Gespro. Llegaron a amotinarse en su sede central. Hasta el momento no han logrado nada, ni saber qué ocurrió con el funcionamiento de la compañía ni tener la más mínima pista de su dinero.

Desde que hizo crac, la empresa ha culpado de sus problemas a la "desorganización" de sus antiguos contables. Aparte de esto, no han dado soluciones a sus clientes y han tenido que cerrar su oficina central, en la calle de Alberto Aguilera, por deudas de luz: Gespro, en un papel que ha pegado en el ventanal exterior de su oficina, lo define como "problemas técnicos en el suministro eléctrico".

Con la denuncia de los propietarios del edificio de Manuela Malasaña se abre el camino judicial del caso Gespro. Otras 12 comunidades de vecinos están a punto de incorporarse al mismo proceso. Forman parte de un colectivo que manifiesta su situación en Internet con el nombre "Agrupación de Afectados por el Fraude y Estafa de Gesprosa".

El juzgado determinará si hubo o no "fraude" o "estafa". Hasta la fecha solo se conoce que en la empresa había discordancias entre empleados y directivos por el uso que se hacía de los fondos de sus clientes.

En julio de 2009, el gerente y la jefa de contabilidad de la empresa enviaron un escrito al director general de Riva y García Fincas, la empresa catalana propietaria de Gespro, en el que se acusaba a esta casa matriz de desviar capital sin dar razón de su destino: "Desconocemos para que se está utilizando el dinero que se ha sacado", decía la nota, en la que estos empleados pedían a sus superiores que reintegrasen lo que supuestamente habían retirado de las cuentas: "Exigimos que se proceda de manera inmediata a la devolución de los saldos de nuestros clientes".

Las gestorías, según explicó a este periódico un miembro del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, no pueden disponer del dinero que los vecinos ingresan en su cuenta de gastos para otra cosa que no sean los pagos de la comunidad.

La agrupación de afectados, que está intentando contactar con otras 200 comunidades de vecinos para añadirlas a su causa y ganar fuerza, no tiene esperanzas de que se les devuelva el dinero (cantidades distintas según el tamaño de las fincas, 1.000 euros en los casos más suaves, 165.000 en los más graves); su objetivo prioritario es que los responsables del supuesto desfalco paguen las consecuencias: "Tenemos pocas expectativas en el sentido de recuperar el dinero, pero esperamos que los metan en la cárcel", afirma un representante de este conjunto de afectados, Iván Sanjurjo.

La situación de Gespro se está reproduciendo en Barcelona con su matriz, Riva y García, aunque a una escala mucho menor, por el momento. Tres comunidades de vecinos de la capital catalana han creado un sitio en la página web Facebook llamado Desamparados por Riva y García Fincas. Buscan, según sus propias palabras, "a alguien más presuntamente estafado".