Escenario de paz sin trampas

Cualquier observador imparcial que se acerque estos días a la realidad de nuestro país puede verse sorprendido porque la gran discusión no está centrada en la crisis económica. Ni en la conflictividad social, ni siquiera en la grave crisis del Sahara, sino en algo que en realidad no existe, pero que alguien, por claro interés, ha decidido que debemos discutir y debatir: ETA y su entorno y la supuesta posibilidad de un nuevo periodo de tregua como prolegómeno a un escenario de paz.

Por la contundencia de las opiniones y la cantidad de las mismas, pareciera que estamos en las inmediaciones del final negociado de la violencia terrorista. Para "evitarlo" se hacen admoniciones, advertencias apocalípticas, descalificaciones e incluso se convocan manifestaciones para impedir que esa inexistente negociación se alumbre. Todo ello aderezado con reflexiones lapidarias para explicar los mensajes claramente interesados nacidos en las entrañas de la fábrica del terror etarra y en las de sus distribuidores políticos, integrados en el complejo terrorista liderado por aquella.

Pese a las advertencias de ETA, la izquierda 'abertzale' preparó desde 2009 su proyecto para ir a las municipales de 2011

Hay un mínimo que todos los actores deben respetar: la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Nadie puede pretender que el paraguas de los derechos humanos ampare proyectos incompatibles con ellos

Todo avance que quiera la izquierda 'abertzale' pasa por el respeto a la legalidad. Cuanto antes lo entienda, mejor

Para comprender, realmente, lo que sucede y cuál es la verdadera posición de ETA en este tema es preciso poner al descubierto su evolución y la de la Izquierda Abertzale (IA) por ella patrocinada, desde la finalización de la tregua en junio de 2007 hasta la actualidad.

Luego del fracaso de la negociación, respecto de la cual no hubo autocrítica, la organización terrorista ETA celebró, en junio de 2007, una primera reunión de Zuba (Zuzendaritza Batzordea/Comité de Dirección) para fijar la estrategia de futuro, partiendo de las consecuencias de aquella. Este proceso de debate interno se extendió después al conjunto de la izquierda abertzale. En un primer momento, ETA afirmaba, categóricamente, que no había condiciones para abrir un proceso de negociación a corto plazo, apostando por la lucha armada como única vía para abrir el proceso, garantizar resultados e imponer a la IA el objetivo de endurecer el conflicto y la confrontación política, llevándola a su punto más álgido. Y de esa forma, el Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV) capitalizaría las acciones de la lucha armada.

En el mes de diciembre de 2007, responsables de ETA, amparados en algunas acciones de la organización, continuaban afirmando que la clave estaba en favorecer el desarrollo de la línea armada en equilibrio con la línea política, aunque, debido a la escasa trascendencia de aquellas sobre la situación política, comenzaron a replantearse la línea de actuación, dando entrada a diferentes puntos de vista de otros actores, como Batasuna o el sindicato LAB, respecto de la función y caracterización de ETA.

Esta aparente pérdida de control por parte de la organización se escenificó en el verano de 2008 con la aparición y circulación de documentación de la banda entre sus militantes y los de la IA en la que, por primera vez, se aceptaba una especie de interiorización de la verdadera situación de Euskal Herria como consecuencia de la acción de la lucha antiterrorista del Estado, y se cuestionaban las decisiones dentro de ETA. Ante este órdago, los responsables de la organización reaccionaron con contundencia, afirmando que si el motor se ponía en las alianzas (que era la línea del sector crítico), y no en la estrategia político-militar con ausencia de acciones (atentados), se produciría un cuestionamiento permanente de la lucha armada. Para contrarrestar esta tendencia, ETA apostaba "por dar caña", prescindiendo de una situación de paz como requisito previo para hablar, en tanto en cuanto esta podía ser un obstáculo para la lucha armada. Pero no contenta con esto, meses después, la banda abroncaba a los agentes políticos y sociales soberanistas con los que la IA pretendía formar alianzas, porque seguían "sin asumir compromiso ni responsabilidad alguna".

Sin embargo, a estas alturas, la organización terrorista ya no es la que era, gracias a la acción constante del Estado contra ella, de modo que su debilidad comenzaba a descubrirse en su propio seno con mensajes diferentes desde los militantes y desde la dirección. Así, en diciembre de 2008, la estructura redefinió su estrategia apostando por una alianza estratégica fuerte como medio para alcanzar la construcción de un Estado vasco, con sumisión de la lucha armada a lo que el pueblo requiera, con una clara línea de comunicación y de contactos con los diferentes agentes que explicara que los "parones" en aquella lucha estarían en función de las necesidades del compromiso. Y siempre en el marco de Euskal Herria.

La dirección respondió de forma inmediata a estas desviaciones de la militancia, advirtiendo de que se estaba dando una misma respuesta a todas las situaciones, y apuntaba que la estrategia con Eusko Alkartasuna era errónea a causa de "una lectura equivocada" de los contactos, que, en todo caso, se deberían enmarcar en una apuesta política conjunta, dentro de "los parámetros de confrontación", lo que significaba que ETA no daría ningún tipo de tregua para ir con EA a las elecciones y que la IA no lo podría hacer tampoco. Así lo explicitó ETA en el Aberri Eguna de abril de 2009 a través de un comunicado en el que hablaba de esa estrategia; advirtiendo de que mientras no se pasara de los discursos a los hechos para "levantar un muro que detenga la represión y los ataques de los Estados (Francia y España) y que lleve a este pueblo a un escenario de autodeterminación, nadie podrá pedir a ETA que renuncie a la lucha con las armas para hacer frente al enemigo".

Pero las contradicciones en el interior de la organización eran un clamor, y así, a la vez que la dirección de ETA decidía un cese de acciones en Euskal Herria entre el 24 de abril y el 7 de junio, tenía que asumir la decisión de la IA de apostar, en las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2009, por Iniciativa Internacionalista, limitándose a criticar tal decisión ante los integrantes del Bateragune/Comisión de Coordinación de la IA, a cuyo frente, presuntamente, se encontraba Arnaldo Otegi. Del enfado de ETA queda constancia cuando advierte de que "los diseños profundos y concretos del Proceso Democrático los hace ETA, con la responsabilidad de la IA".

Para reivindicar su posición y recuperar su "credibilidad", ETA, entre junio y julio de 2009, cometió tres asesinatos y colocó una furgoneta bomba en una casa cuartel de Burgos. Esto explicaba lo que algunos líderes de la IA habían advertido meses antes, al indicar que el verdadero problema de la nueva apuesta de la "alianza popular independentista" estaba en la "complementariedad" entre la "lucha armada y la lucha política o de masas" que caracteriza la estrategia político-militar de ETA.

A pesar de las advertencias de esta, la IA, en agosto de 2009, preparó su propuesta de alianza y la concretó en octubre de 2009, con la finalidad de constituirse en un proyecto electoral para las municipales de 2011, adentrándose en los diseños del "proceso democrático", exclusivos de ETA.

En esta especie de tablero de ajedrez en el que ETA y la IA movían sus piezas, en octubre de 2009 entró en juego un nuevo actor del MLNV: Ekin, con la decisión de "reventar" cualquier posibilidad de triunfo del ala moderada de la IA, encabezada por Otegi, reivindicando la necesidad de la lucha armada como activo de la IA. En la misma línea, ETA, en enero de 2010, afirma que no estamos en un proceso democrático, sino en un periodo previo; y será como consecuencia de lo que en este se haga, que se crearán las condiciones "para que aquel proceso florezca y dé frutos". Congruentemente con este planteamiento, ETA comenzó a movilizar sus recursos operativos para poner en marcha una campaña que forzara la voluntad del Estado, intentando establecer talleres de explosivos en Cataluña y Portugal y reorganizando la estructura de la organización en el País Vasco. A pesar de esto, los líderes de la IA continuaron manteniendo un discurso difuso en el que presentaban a la organización apoyando sus iniciativas y alternativas, cuando lo cierto es que ETA no se había movido un ápice. Como tampoco lo hizo en abril siguiente cuando, con ocasión del Aberri Eguna, afirmó que "la desactivación de la respuesta armada no soluciona el conflicto político".

En esta línea de rebeldía parcial, la IA y los promotores de la iniciativa "Zutik Euskal Herria" firmaron en el mes de junio un acuerdo para la puesta en marcha de la "Alianza Popular Independentista", con EA y otros agentes sociales y sindicales; y, a la vez, ofertaban una inminente tregua de ETA, que esta concretó en septiembre, aunque haciendo valer que ya habían cesado las acciones hacía meses, e incluyendo, a modo de advertencia y para que nadie olvidara la postura de la dirección, que "en el camino no hay atajos".

Curiosamente, y como consecuencia de esta postura de la organización, se produjo una reacción, cuando menos paradójica, por parte de Batasuna y del mediador internacional Brian Currin, haciendo responsable al Estado del eventual fracaso de un proceso todavía inexistente, por no haber levantado la presión policial y judicial sobre la primera, lo que le impedía recuperar su capacidad de interlocución. Es decir, establecían una correlación entre la suspensión de actividades de ETA, la recuperación de la capacidad subjetiva de la IA y la legalización de un nuevo partido político, sin condena de ETA, ni de la violencia terrorista, que aparecería como interlocutor idóneo.

Como resumen, lo que queda demostrado es, por una parte, la pérdida de capacidad de ETA para imponer su carácter de "vanguardia política y militar"; la pretensión de un sector de Batasuna de convertirse en "la vanguardia política" del complejo; y la certeza de que ETA sigue donde estaba, reiterando que primero hay que "dar caña" y después negociar. Del resultado de esta confrontación interna saldrá quien asumirá la dirección política de la organización, en detrimento de la tradicional dirección político-militar, que parece haber quedado caduca y superada por los acontecimientos.

Si esto es así, como lo es, cabría preguntarse qué sentido tiene la situación generada en España por unos movimientos estrictamente internos de ETA y de la IA, realizados en clave de poder de decisión en el seno del complejo terrorista y sin trascendencia hacia el exterior. Solo la buena fe, el desconocimiento o la torpeza de quienes mantienen este discurso, avanzando hipótesis descabelladas que tan solo dañan a los ciudadanos y a las víctimas, explicarían la caótica situación producida, que a la única que beneficia es a la organización terrorista en su expresión más amplia, que se ha encontrado con un "favor" que realza más su estrategia.

Sin embargo, en todo este falso debate echo de menos algo que no he conseguido descubrir en ninguna de las informaciones a las que he prestado atención en estos días. Se trata del punto del cual deberíamos partir todos y exigir que el complejo terrorista y sus componentes lo hagan igualmente. Me refiero a ese mínimo irrenunciable que todos los actores deben respetar y que está representado por la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de fecha 30 de junio de 2009 por la que se ratificó la ilegalización de Batasuna, decidida por el Tribunal Supremo y el Constitucional españoles y en la que están todas las claves de lo que es exigible a todo el complejo terrorista liderado por ETA.

Así, partiendo de que la protección de las opiniones y de la libertad de expresarlas constituye uno de los objetivos de la libertad de reunión y de asociación y de que no hay democracia sin pluralismo, en tanto aquella se alimenta de la libertad de expresión, el TEDH concluye que las restricciones que se produzcan a tales derechos tienen que ser por motivos muy poderosos. Según este tribunal, un partido político puede hacer campaña en favor de un cambio de la legislación o de las estructuras legales o constitucionales del Estado con dos condiciones: que los medios utilizados al efecto sean legales y democráticos y que el cambio propuesto sea en sí mismo compatible con los principios democráticos fundamentales. De lo que resulta necesariamente que un partido político cuyos responsables incitan a recurrir a la violencia, o proponen un proyecto político que no respete una o varias reglas de la democracia o que persiga su destrucción y el desconocimiento de los derechos y libertades que ella reconoce, no puede prevalerse de la protección del Convenio Europeo de Derechos Humanos contra las sanciones infligidas por estos motivos, de modo que un Estado debe poder "razonablemente impedir la realización de un proyecto político incompatible con las normas del Convenio antes de que sea puesto en práctica mediante actos concretos que conlleven un riesgo de comprometer la paz civil y el régimen democrático en el país". Es decir, la acción del Estado debe responder a una "necesidad social imperiosa" como la derivada del hecho demostrado de que los partidos políticos demandantes (Batasuna y sus marcas) son instrumentos de la estrategia terrorista de ETA y que sus actos se encuadran en la misma con la finalidad de llevar a término su proyecto político, contrario en su esencia a los principios democráticos proclamados por la Constitución española, y permiten deducir un compromiso con el terror y contra la coexistencia organizada en el marco de un Estado democrático, por lo que aquellos y esta, deben ser considerados objetivamente como una amenaza para la democracia.

Vista la contundencia de estos argumentos, aquí se debería acabar la discusión. Se comparta o no la sentencia del TEDH, debe ser cumplida y reconocida explícitamente por las formaciones políticas afectadas, y en particular por la denominada Izquierda Abertzale y por ETA. Parece claro que si se aspira a participar en el juego político democrático deben aceptarse íntegramente las reglas del mismo contenidas en la Constitución y en las leyes, y abandonar, de una vez, los tópicos que, en forma anacrónica y machacona, se siguen reiterando desde las filas de aquellas organizaciones, olvidando que nos hallamos ante crímenes que tienen la categoría de crímenes contra la comunidad internacional y cuya realidad ha quedado evidenciada en miles de investigaciones policiales y judiciales a lo largo de los años.

Cualquier avance que la IA quiera hacer pasa por estos cauces y límites. Y mientras antes lo entiendan sus componentes, antes andarán el camino que les queda para alcanzar la participación en la vida democrática española. Hoy día no es posible asumir un último escenario de paz sin que antes se hayan atravesado los estadios previos, que incluyen el rechazo expreso de la violencia terrorista y cualquier vinculación con ese mundo por liviana que sea, la sumisión a la justicia y el derecho a la verdad y a la restitución de las víctimas.

Ningún Estado, en un marco jurídico, puede asumir la finalización del terrorismo fuera de los cauces nacionales e internacionales que describen aquellos límites. Pero tampoco puede renunciar a conseguir la finalización del mismo, empleando para ello, desde el consenso, todas las armas que otorga el Estado de derecho y que, a lo largo de los años, se han desvelado altamente eficaces. Hasta el punto de que si hoy estamos en una situación de ventaja frente a esa lacra ha sido porque, en su momento, se abordó el fenómeno desde una perspectiva global e integral, desnudando a la organización terrorista de los falsos ropajes que la cubrían y presentándola ante la comunidad internacional con su verdadero aspecto de fabricantes de terror. Precisamente por esto, ahora debemos ser extraordinariamente cautos y, sin desconocer el nuevo escenario, no caer en la trampa de quienes, sin coste alguno, pretenden obtener todas las ventajas, situándose al final de una carrera que ni siquiera ha comenzado.