Metro congela la demanda por los días de huelga sin servicios mínimos

La huelga de Metro ha salido de las agendas. La empresa pública regional ha congelado la demanda con la que prevé reclamar 6,5 millones a los sindicatos por daños de imagen tras dos días de paros sin servicios mínimos en junio. Pero ya no es una prioridad. Tampoco lo son las sanciones a los trabajadores que prometió el consejero de Transportes, José Ignacio Echeverría, tras el caos de la protesta que paralizó Madrid el pasado verano. El tono se ha relajado. Tanto, que los sindicatos dan por archivados los expedientes en notas internas a sus afiliados. Aluden a "un principio de acuerdo" y les garantizan que no tendrán "repercusión alguna" en su futuro. La empresa guarda silencio.

"Se sancionará si hay que hacerlo", dice el 'número dos' de Aguirre

El pasado 29 de junio, Madrid amaneció colapsada. No salió ni un solo tren de las cocheras de Metro. Las carreteras se atascaron durante horas. La estampa de autobuses atestados de viajeros y sin poder avanzar se repitió por toda la ciudad. Al día siguiente ocurrió lo mismo. La presidenta regional Esperanza Aguirre acusó a los trabajadores de "chantajear a los ciudadanos". Fue un acto "irresponsable, insolidario y salvaje", en palabras del consejero de Transportes, quien amenazó con sanciones que podrían desembocar en despido.

En agosto, Metro anunció una demanda por un paro "ilegal" que, tres meses después, sigue guardada en un cajón. El gerente de Metro, Ildefonso de Matías, fue incapaz ayer de precisar cuándo se va a interponer. Lo "razonable", señaló, es esperar al 18 de noviembre, cuando se reúne el Consejo de Administración de Metro, el órgano en el que están representados, entre otros, Comunidad y Ayuntamiento y en el que han surgido discrepancias por este asunto. El presidente de Metro y concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Juan Bravo, protestó en la última reunión porque había sabido de la demanda por la prensa. El edil alertó además de que dar ese paso podría enrarecer más las relaciones entre la empresa y trabajadores. Los sindicatos, que pusieron desde el primer día el archivo de expedientes como condición inamovible, amenazaron con presentar su propia demanda.

Un portavoz de Metro aseguró ayer que los expedientes siguen su curso. Ni confirma ni desmiente los supuestos acuerdos que dan carpetazo a este asunto. Cuando acabó la huelga, Transportes anunció la apertura de más de 900 expedientes y prometió mano dura que ahora queda también disipada. "Se sancionará si hay que sancionar", dijo el miércoles el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González, en un tono más relajado que el de los días posteriores a la protesta.

Dos de los principales sindicatos de Metro, CC OO y UGT, dan por zanjado el asunto, al menos, ante sus trabajadores. "Expedientes: caso cerrado", titula Comisiones Obreras en una circular interna donde explica que el 15 de octubre alcanzaron un principio de acuerdo con el resto de sindicatos que firmaron el fin de la huelga (Sindicato de Conductores, UGT y Sindicato Libre) para poner fin a los expedientes disciplinarios "con el beneplácito de la dirección de Metro".

UGT informa a sus afiliados en otra nota de que "el grueso de los expedientes" abiertos acabarán "sin ningún tipo de sanción". Ambos sindicatos explican en esas notas que la empresa enviará una carta a cada trabajador con una anotación de que ha incumplido los servicios mínimos. Eso, según señalan, acaba con el proceso "sin repercusión alguna en el futuro" de los trabajadores. El Sindicato de Conductores, mayoritario en el sector, no ha escrito nota interna, aunque fuentes de la formación también dan por resuelto este asunto. Queda pendiente la posible sanción a los miembros del comité de huelga. A todos se les ha abierto expediente, según uno de los sindicalistas consultados, que asegura que esos sí siguen su curso normal.