Aguirre amplía una semana el plazo para aprobar el recorte de liberados

Los sindicatos desconfían de alcanzar un acuerdo y amenazan con ir al juez

Todo es cuestión de perspectiva. La presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, aventuró ayer que "aún queda mucho margen" para lograr un acuerdo en el recorte de liberados sindicales que su Gobierno ha puesto encima de la mesa. Los sindicatos, que aseguran que ni siquiera les han reunido en las últimas semanas, desconfían de alcanzar un consenso. De momento, el plazo que expiraba ayer se alarga al menos una semana más. El próximo jueves el Consejo de Gobierno aprobará previsiblemente la Ley de Acompañamiento de los presupuestos, que es la norma que incluye la polémica reducción. Antes del jueves, la Comunidad promete una reunión de la que ayer no supo precisar fecha.

La Comunidad de Madrid sostiene desde que abrió el debate en septiembre que hay 3.500 liberados sindicales en la región, de los que quiere eliminar unos 2.000. Los sindicatos presentes en la mesa de función pública (CC OO, UGT y CSIT- UP) responden que las cifras son falsas aunque, hasta ahora, no habían ofrecido su propia estimación. UGT señaló ayer que ronda los 600 liberados y que la Comunidad confunde "deliberadamente" el concepto de liberado (el trabajador que concentra 128 horas sindicales mensuales y deja su puesto de trabajo para representar a los compañeros) con delegados, que son aquellos que tienen un número determinado de horas sindicales dentro de su jornada habitual.

Trabajadores de la Administración se concentran hoy frente a la Asamblea

El Gobierno regional anunció en septiembre el recorte de liberados, con el que espera ahorrar 73 millones de euros. ¿Cómo piensan hacerlo? La fórmula es reducir el máximo de 75 horas de representación sindical por delegado -alcanzado gracias a acuerdos firmados por la Comunidad en relación al personal laboral, docentes, sanitarios, empleados de justicia y administración- hasta el mínimo de 40 horas que marcan el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Libertad Sindical.

"La propuesta de Aguirre es una agresión a los trabajadores a los que quieren dejar sin protección", según Encarnación Parra, de UGT. "A pesar de todo, estamos dispuestos a negociar pero no nos ofrecen cifras desglosadas y ni siquiera nos convocan", añade. "La negociación está suspendida y me temo que la Administración seguirá adelante con sus planteamientos", según José Montero, de CSIT- UP (Coalición Sindical Independiente de Trabajadores-Unión Profesional). El Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, reiteró ayer que el recorte se hará "con acuerdo o sin acuerdo" y será efectivo a partir del próximo 1 de enero. Desde los sindicatos responden que, en caso de que se apruebe sin consenso, acudirán a los tribunales porque se vulneran acuerdos cerrados con la Comunidad.

A expensas de lo que ocurra esta semana, los sindicatos anunciaron para hoy una concentración de empleados públicos frente a la Asamblea de Madrid a partir de las cuatro de la tarde, cuando empieza el pleno regional. Exigen la negociación de los convenios colectivos atrasados y anuncian concentraciones en jueves alternos hasta finales de año. Reclaman que se desarrollen cuestiones que afectan a los trabajadores como la promoción profesional o la cobertura de vacantes.

* Este artículo apareció en la edición impresa del jueves, 04 de noviembre de 2010.

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