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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

¿Sakineh, en capilla?

Ni Irán ni ningún otro régimen pueden pretender que la lapidación afirme un sistema social

La posibilidad de una ejecución inminente de la iraní Sakineh Mohammadi Ashtianí cobraba ayer fuerza. El Comité Internacional contra la Lapidación, que convocó una manifestación ante la Embajada de Teherán en París, consideraba que el régimen de los ayatolás había autorizado ya a la prisión de Tabriz para que llevase a cabo la ejecución, sin precisar si por lapidación o por ahorcamiento. En España, el vicepresidente Rubalcaba afirmaba que el Ejecutivo hará todo lo que esté en su mano para evitar la indignidad.

Asthianí, de 43 años, fue condenada hace cuatro años a ser lapidada por haber cometido el delito de adulterio. Su caso adquirió notoriedad el verano pasado, después de que su primer abogado denunciara, antes de verse obligado a huir del país, el cúmulo de irregularidades acumulado en su proceso ante los tribunales islámicos. La notoriedad del caso y la presión internacional contra el régimen de Teherán, impulsada por el hijo mayor de la condenada y su nuevo abogado, ha forzado desde entonces una sucesión de declaraciones oficiales tan confusas y opacas como el propio régimen. Una de ellas aseguraba que la sentencia había sido suspendida. La última y más solemne fue la del presidente Mahmud Ahmadineyad, en la ONU, asegurando que no era cierta la condena a morir lapidada. Al menos otros 15 reos están en lista de espera en Irán para ser apedreados hasta la muerte.

La aplicación de la sharía provoca conmoción en los países civilizados. Algunas de las prescripciones de la ley islámica son la lapidación por adulterio, la muerte por abjurar del islam o la amputación de una mano por robo. Sobre la lapidación pesaba en la práctica una moratoria en Irán desde 2002, pero el triunfo del iluminado Ahmadineyad en 2005 y la repulsa popular a su segunda y amañada victoria electoral han impulsado el regreso a una modalidad de pena de muerte que repugna también a los muchos iraníes que luchan por sacarla de un código penal medieval.

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Nadie, ni sistema social alguno, puede pretender -tampoco la teocracia fundamentalista iraní, legitimada por designios ultraterrenos- que con procedimientos como el apedreamiento o las ejecuciones por adulterio se mantiene la brújula de la familia y las buenas costumbres. Si detener las lapidaciones es un imperativo humanitario, contribuir a evitar la muerte de Ashtianí es, además, contribuir a evitar un asesinato legal.

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