La fundación de la trama que capta ayudas de Blasco usurpó el nombre

La fundación que centra la trama de captación de ayudas de la Generalitat Valenciana al desarrollo y la cooperación internacional debe "cesar en la utilización de la denominación Entre Pueblos (o Entrepueblos)" y de cualquier otra "que no pueda distinguirse suficientemente de las marcas de la Asociación Entrepueblos". Así lo establece una sentencia del titular del juzgado de Lo Mercantil número 2 de Valencia, Fernando Presencia, en respuesta a una demanda por usurpación de marca presentada por la veterana ONG Entrepueblos, creada en 1988, contra la denominada Fundación Solidaria Entre Pueblos. Esta última, creada en 2008 por dos empresas de informática, funciona como una especie de paraguas de esas y otras sociedades para captar fondos de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, que dirige Rafael Blasco, a través de diversas ONG, a las que asesora, redacta e incluso gestiona los proyectos subvencionados con dinero público.

Fundación Solidaria Entre Pueblos, cuya actividad está siendo investigada por el fiscal anticorrupción después de que la diputada de Compromís Mireia Mollà aportara abundante información sobre el funcionamiento de la trama, debe retirar "inmediatamente y a su costa" todos los folletos, catálogos y otros documentos conteniendo la denominación "Entre Pueblos", tal como establece la sentencia. También debe publicar el fallo en cuatro medios de comunicación y pagar una "indemnización coercitiva" no inferior a 600 euros por cada día transcurrido hasta el cese efectivo de la utilización de la marca.

El juez, que reconoce que las marcas de ambas entidades "fonéticamente son idénticas, siendo también idénticos el objeto de actividad de ambas entidades", estima en su totalidad los argumentos de la asociación Entrepueblos (Entrepobles) y justifica la urgencia de la resolución porque "se ha desatado estos últimos meses una vorágine informativa de índole política, en prácticamente todos los medios de comunicación, en la que se ha visto involucrada la demandada por cuestiones atinentes al sistema de subvenciones públicas, en la que los propios medios de comunicación, y con ello el público en general, llegan a confundir a la fundación ahora demandada con la asociación ahora demandante".

"Apreciamos la oportunidad final de esta sentencia en estos momentos en que nuestra imagen estaba sufriendo un daño tan grave como injusto", señaló ayer la asociación Entrepueblos en un comunicado. Su portavoz, Àlex Guillamon, explicó que la entidad se ha visto obligada a dar explicaciones y algunos centros educativos en los que tenía previstas actividades estuvieron a punto de suspenderlas. Entrepueblos se puso en contacto con la fundación valenciana en mayo de 2009 pero en diciembre decidió presentar la denuncia al no ver atendidos sus argumentos. "Nos llegaban noticias de que esa fundación podía estar implicada en temas no demasiado claros", explicó Guillamon. "No queríamos vernos mezclados con algo que está a los antípodas de nuestra forma de entender la cooperación. En 23 años de cooperación solidaria no hemos acumulado propiedad alguna que no sean nuestro nombre y nuestra trayectoria. La verdad es que la sentencia nos deja muy tranquilos".