Naturaleza a la intemperie

Espacios protegidos sin planes de gestión, especies amenazadas sin instrumentos que las preserven, ríos sin recursos pesqueros ordenados. Esta es, resumida, la política de conservación de la naturaleza que han desarrollado los diferentes gobiernos que han pasado por la Xunta. Ecologistas, biólogos y juristas coinciden en señalar que la protección del medio ambiente nunca fue una prioridad para la Administración autonómica, pero alertan de que el actual Gobierno del PP está eliminando medidas tomadas no solo por el bipartito, sino también por los Ejecutivos de Fraga.

Si las instituciones gallegas mantienen esta política de desprotección, su deterioro será cada vez más severo. Sin planes de conservación, los espacios protegidos de la Red Natura son vulnerables a las presiones urbanísticas, y la Xunta se arriesga a ser sancionada por la Unión Europea porque el plazo para presentar estos instrumentos de gestión acaba en diciembre y Medio Rural reconoció que no llegará a tiempo tras seis años de plazo para redactarlos.

El presupuesto de Conservación da Natureza sufre un recorte del 31%

Para Javier Montalvo, profesor de Ecología de la Universidade de Vigo, es más preocupante la falta de planes específicos para los parques naturales y para el Parque Nacional de las Illas Atlánticas, porque "tiene unos valores ecológicos más altos y tienen mayores necesidades de protección". Las medidas para los espacios que solo están en la Red Natura "son más suaves", destaca.

Las especies consideradas amenazadas o en peligro de extinción tampoco tienen planes específicos que las preserven de un mayor deterioro. Esta carencia impide conocer su estado actual y los daños que sufren, como ocurrió este verano en los incendios que afectaron al Macizo Central ourensano, donde habitan el lobo y el águila real.

Tampoco los ríos de interés pesquero cuentan con los preceptivos Planes de Gestión de Recursos Piscícolas. Los trechos de cauces fluviales que ya los tienen aprobados no suman ni 70 kilómetros, a pesar de que la Lei de Pesca Fluvial de 1992 obliga a redactarlos. Desde la vuelta del PP a la Xunta no se ha aprobado ninguno. El bipartito preparaba varios planes para cuencas enteras, pero no pasaron de ser borradores. Todo lo que no se hizo en tiempos de bonanza deberá afrontarse ahora con un recorte de los presupuestos de conservación de la naturaleza del 31%.

Alexandre Cendón, coordinador de la Federación Ecoloxista Galega (FEG), atribuye esta política a "una forma muy limitada de ver el medio ambiente, siempre como un atranco y no como una oportunidad". Para Javier Gutián, catedrático de Botánica de la Universidade de Santiago, "no hay más que ver el lugar que ocupa Conservación da Natureza en el organigrama de la Xunta para comprobarlo".

Desde la entrada del Gobierno de Núñez Feijóo, esta dirección general pasó a Medio Rural, mientras que todo lo relativo a desarrollo sostenible y evaluación de impacto ambiental pasaron a integrase en la macroconsellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. Para la asociación ecologista Verdegaia, esta separación "supuso un descalabro, y además está dirigida por un ingeniero de caminos con una nula sensibilidad ambiental", en referencia al conselleiro Agustín Hernández.

Alba Nogueira, profesora de derecho de la USC, señala también como causa de la desprotección de la naturaleza gallega que "la planificación del territorio es incompatible con la política localista y caciquil imperante". Nogueira destaca que esta legislatura "marca una política de péndulo hacia atrás en la protección del medio".

Nogueira y Guitián coinciden al señalar que el anterior Gobierno autónomo "puso las bases de una nueva política", pero el cambio tras las elecciones de 2009 la paralizó. El catedrático de Botánica pone como muestra que desde la vuelta del PP a la Xunta no se han reunido ni el Consello da Rede de Parques Naturais de Galicia ni el Observatorio Galego da Biodiversidade. La asociación ecologista Adega presentó una queja ante el Valedor do Pobo para que este organismo encargado de controlar la evolución de la flora y fauna incluidas en el Catálogo Galego de Especies Ameazadas se reúna y cumpla su función.

Todos coinciden en que la presión ciudadana es básica para poder cambiar las actuales políticas de conservación ambiental. Verdegaia asegura que si en las denuncias por delitos ecológicos la mayoría de las veces las causas acaban archivadas, esporque todavía se consideran como "delitos de segunda". Esta asociación denunció por dos delitos contra el medio ambiente al director de las Illas Atlánticas, José Antonio Fernández Bouzas, por la construcción de una pasarela de madera que alteró un ecosistema dunar considerado "de reserva" o de máxima protección. Aunque la causa fue desestimada, la presión ambientalista consiguió la retirada de la pasarela.