Consell, patronal y sindicatos acuerdan la primera política industrial en 15 años

Consell, patronal y sindicatos están convocados hoy para sellar el primer esbozo de una política industrial avalada por la Generalitat en los últimos 15 años. La Comunidad Valenciana fue definida como una comunidad de servicios cuando el PP llegó a la Generalitat en 1995 y el impulso de la construcción residencial hizo el resto. El deterioro de la industria regional arrancó mucho antes del estallido de la crisis a causa del declive de los sectores tradicionales y de la pérdida de competitividad en el mercado global. Tres años de profunda recesión agravaron definitivamente la débil salud industrial y se cobraron un tercio del empleo total del sector.

La Estrategia de Política Industrial (EPI) dibujada hasta 2015 es la primera apuesta para tratar de recuperar músculo industrial desde que Andrés García Reche, último consejero socialista de Industria, impulsó los institutos tecnológicos.

La EPI establece siete hipersectores industriales, la mayoría de ellos vinculados a su vez a los servicios, que ofrecen oportunidades tanto en el terreno de las actividades emergentes como de las industrias tradicionales. Son la alimentación (desde las tecnologías de trazabilidad hasta los alimentos funcionales pasando por el envasado). La energía y el agua. El hábitat (hogar digital, soluciones constructivas, autonomía personal...). Los bienes de consumo e indumentaria (nuevos materiales, diseño, personalización). La movilidad y la logística (vehículos limpios, logística y cadenas de suministros, entre otros). Los procesos industriales y nuevos materiales. Y la salud (telemedicina, calidad de vida, biomateriales y otros).Vicente Rambla, vicepresidente primero y consejero de Industria, ha comprometido 1.100 millones de euros de parte de la Administración autonómica para impulsar los objetivos de la Estrategia de Política Industrial hasta 2015. Los presupuestos de la Generalitat para 2011 consignan 130 millones para apoyar el alza del gasto empresarial en I+D+i hasta el 2% del PIB en 2015; para apoyar la contratación anual de 700 investigadores o gestores de la innovación por empresas valencianas durante los próximos cinco años; o para "diversificar la base industrial hacia actividades emergentes de elevado valor añadido, superando en 2015 el 25% de trabajadores empleados en sectores de intensidad tecnológica alta", entre otras medidas.

El importe comprometido por Rambla no impresiona a la vista del plazo que cubre y de los desafíos que tiene por delante la EPI. Y es considerablemente menor al prometido en otros territorios. En Cataluña, por ejemplo, el Gobierno autonómico ha puesto encima de la mesa 5.500 millones para impulsar iniciativas similares y solo hasta 2013.

Un representante de la patronal valenciana resta importancia a la cifra comprometida por Rambla. "Lo importante es compartir los objetivos y trabajar todos en la misma dirección", apunta.

Los primeros gritos contra la decadencia industrial y la necesidad de enderezar el rumbo económico de la cuarta comunidad autónoma con más desempleados de España surgieron de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV). El documento Objetivo: competitividad está en la base de las líneas generales de la EPI.

Tanto los sindicatos como otras organizaciones patronales recibieron con agrado una apuesta por reorientar la economía para crecer sobre negocios sostenibles y para orientar la economía hacia la mejora de la calidad de vida.

En el ámbito estrictamente industrial, todos los agentes comparten la necesidad de fomentar la exportación ante la atonía de la demanda nacional. Administraciones, empresas, sindicatos y expertos coinciden en que la salida de la crisis se intuye en estos momentos, sobre todo, a través de las ventas al exterior. Y para poder exportar es necesario fabricar cosas, subraya Paco Molina, secretario general de CC OO-PV.

Molina y Conrado Hernández, secretario general de UGT-PV, explican que estamparán su firma en el documento por una cuestión de coherencia: ambos sindicatos llevan más de una década reclamando una auténtica política industrial en la que, además, puedan participar.

UGT y CC OO pusieron como condición que la EPI incluyera indicadores que permitieran la evaluación regular de los resultados conseguidos. Y se han incluido. Se trata de "objetivos cuantitativos de carácter estratégico" entre los que se encuentran la estimación del gasto empresarial en I+D; la evolución del personal de I+D+i contratado por el sector privado; la creación de empresas innovadoras; la distribución del empleo según la intensidad tecnológica, y el grado de internacionalización de las compañías valencianas.

Los sindicatos han obtenido también otra reivindicación antigua: entrar en los institutos tecnológicos y en la entidad que los agrupa (Redit), a los que consideran unas herramientas clave para la ardua tarea de modernizar la industria valenciana.

El acuerdo sobre la EPI se alcanzó con relativa facilidad, pero su firma se ha postergado hasta hoy para evitar un mensaje confuso en días próximos a la convocatoria de huelga general del 29 de septiembre.