Anticorrupción investiga las cuentas más recientes del PP de Aguirre

La trama de corrupción masiva que organizó Francisco Correa con la colaboración de múltiples Administraciones gobernadas por el PP en Madrid, Castilla y León y Comunidad Valenciana, afecta directamente a la financiación ilegal de esta formación política en las campañas electorales de Francisco Camps y Esperanza Aguirre .

Mientras que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia tiene que decidir en los próximos días si asume la competencia para investigar la financiación ilegal que ha destapado la investigación policial con documentación inequívoca, en Madrid, tras descubrir que el PP se financió ilegalmente en 2003, a través de su fundación Fundescam , y concluir que el delito había prescrito, la fiscalía investiga ahora las cuentas más recientes (de 2007 y 2008) con varias citas electorales, para conocer si se repitió el mismo modelo en los siguientes comicios, según explicaron fuentes de la investigación.

Los fiscales revisan los gastos electorales de los populares en 2007 y 2008

Special Events facturaba a una fundación servicios prestados al PP

Aunque Fundescam es la fundación madrileña del PP dedicada a cursos, seminarios, libros y conferencias, entre la documentación incautada a la trama Gürtel figuran suficientes pruebas de que los dirigentes populares utilizaron este instrumento para financiar parte de los gastos electorales, algo prohibido por ley.

El diario Público reveló que los principales financiadores de Fundescam eran empresarios contratistas de la Comunidad de Madrid durante el mandato de Esperanza Aguirre, como Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la CEOE, y Arturo Fernández, presidente de la patronal madrileña y adjudicatario de diversas concesiones en establecimientos de Administraciones públicas. El PP logró por esta vía más de un millón de euros en periodo electoral.

El PSOE, que competía por la presidencia de la Comunidad de Madrid y que en primera instancia logró un resultado suficiente para desbancar al PP aunque dos tránsfugas arruinaron sus aspiraciones de recuperar el Gobierno regional, ha asegurado a este periódico que ni Díaz Ferrán ni Arturo Fernández le financiaron la campaña electoral.

La Fiscalía Anticorrupción que investiga los hechos relacionados con la financiación ilegal del PP ha acreditado múltiples irregularidades en la contratación a las empresas de la trama Gürtel por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, al igual que también ocurrió en la Comunidad Valenciana.

Anticorrupción quiere conocer ahora si esas prácticas irregulares de financiación ilegal se prolongaron en paralelo a la adjudicación ilegal de los contratos públicos, que llegó hasta prácticamente la desarticulación de la trama en febrero de 2009.

"Los delitos [electorales y de falsedad en documento mercantil correspondiente a los años 2003 y 2004] mencionados se encontrarían prescritos no procediendo, en consecuencia, una más profunda investigación", señala la fiscalía en un escrito ya conocido del 15 de octubre pasado. Pero añade: "Ello sin perjuicio de la valoración de los informes policiales y la documentación intervenida como indicios de conductas semejantes no prescritas y de la participación de distintos imputados en éstas".

Anticorrupción señala también que "la única excepción a la extinción de responsabilidad criminal sería la atribuible a los responsables de la mercantil Special Events por la elaboración de facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados puesto que a los mismos se les imputa un delito continuado de falsedad en documento mercantil". Special Events, según la investigación, facturaba a Fundescam por servicios prestados al PP en campaña electoral, cuando eso es ilegal.

El Gobierno de Esperanza Aguirre, que adjudicó cientos de contratos sin concurso a la trama corrupta mediante una contratación ilegal durante más de cuatro años, ha intentado en todo momento obstaculizar la investigación de las cuentas de Fundescam, que negó reiteradamente al diario Público cuando este las solicitó. La propia Aguirre, presidenta del PP, ha intentado desvincularse de Fundescam al asegurar que en las fechas investigadas el máximo responsable de su partido en Madrid era Pío García Escudero, actual portavoz del PP en el Senado. Sin embargo, cuando Aguirre se hizo cargo del partido continuó con el mismo gerente, Beltrán Gutiérrez, que, a su vez, continuó contratando con la trama corrupta.

Los dos sistemas de financiación ilegal del PP en Madrid y en Valencia tenían un rasgo en común: los empresarios que terminaban pagando actos electorales eran, a su vez, contratistas en las comunidades respectivas donde gobiernan Camps y Aguirre. Pero, mientras en Valencia los empresarios pagaban el dinero a una empresa intermediaria (en este caso Orange Market, la filial valenciana de la trama corrupta), en Madrid, los empresarios hacían donaciones a una fundación del PP para cursos y seminarios pero el dinero se utilizaba, en muchos casos, para fines electorales.

De esta manera, los populares pudieron gastar en la campaña electoral que llevó a Esperanza Aguirre hasta la presidencia de la Comunidad de Madrid mucho más dinero del permitido por la ley, al derivar alguno de sus gastos a las cuentas de Fundescam, cuyos fondos solo se podían dedicar a cursos y seminarios pero en ningún caso a acciones electorales.

Las fotografías que complementan esta información prueban los actos y los objetivos que el Partido Popular cubría con fondos de Fundescam.