El juez Ruz analiza si ha prescrito un crimen en el que se implicó a Cubillas

Lo denunciaron sus compañeros de talde, José Ángel Aguirre y Ramón Zapirain. Ambos miembros del comando Oker junto a Idoia López Riaño, aseguraron en 1985 ante la Guardia Civil y al ex juez de la Audiencia Nacional Francisco José Castro Meije que Arturo Cubillas, deportado en 1989 desde Argelia a Venezuela, donde trabaja como funcionario del Ministerio de Agricultura, les había ordenado matar al supuesto narco Ángel Manuel Facal. El juez que ocupa ahora el puesto de Castro Meije, Pablo Ruz, reabrió ayer el caso, 25 años después de que se ordenara su detención, para comprobar si su crimen ha prescrito. La fiscalía cree que sí. Los asesinatos no se pueden perseguir pasados los 20 años.

La muerte de Facal se produjo el 26 de febrero de 1985. El auto de procesamiento de entonces relata cómo los cuatro integrantes del comando robaron a mano armada una Vespa. Zapirain y López Riaño se desplazaron en ella hasta Pasaia (Guipúzcoa). Tras localizar a su víctima, fue López Riaño quien la acribilló a balazos. Después huyeron y entregaron las armas a Aguirre. En esa resolución, de 12 de noviembre de 1985, se ordenó la captura por asesinato de Cubillas.

Sin embargo, esa orden de búsqueda se canceló después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional lo solicitara en enero de 1992 "al no existir elementos suficientes para pedir la extradición". El 14 de febrero de ese mismo año, Interpol informó a la Sala de que había anulado la reclamación internacional contra él. El 7 de abril de 1992, la causa quedó paralizada respecto a Cubillas al archivarse provisionalmente.

El 10 de mayo de 2001 volvió a reabrirse, aunque no contra él, sino contra Idoia López Riaño, que fue condenada por el asesinato de Facal a 27 años de cárcel en enero de 2003. Este último acto del juzgado, según fuentes de la Audiencia, no interrumpiría el plazo de prescripción ya que no fue contra Cubillas, sino contra la que realizó los disparos. Esas mismas fuentes consideran que el caso habría prescrito el 12 de noviembre de 2005, con lo que el etarra deportado a Venezuela quedaría, en principio, exonerado.

Sin embargo, todo indica que la segunda causa contra él, abierta por el Juzgado de Instrucción 6, que dirige Eloy Velasco, por el adiestramiento conjunto de ETA y las FARC en Venezuela y Colombia, le seguirá persiguiendo. El Consejo de Ministros acordó ayer solicitar la extradición de Cubillas al Gobierno de Hugo Chávez. Velasco también había reclamado al Ejecutivo que solicitara a Caracas la retirada de la nacionalidad venezolana para el etarra ante "la voluntad del actual Gobierno venezolano de no acceder" a su entrega porque la Constitución de ese país impide extraditar a sus nacionales.

Por otra parte, el abogado de Arturo Cubillas en Venezuela, Marino Alvarado, anunció ayer que las dos abogadas de su cliente en España, retenidas en el aeropuerto de Caracas habían sido "liberadas", informa Maye Primera. Cubillas comparece el martes ante la fiscalía de Venezuela para declarar como testigo sobre las imputaciones de la Audiencia Nacional.