Fin de ETA: dónde estamos

Este fin de semana se celebra en Zarautz un homenaje en memoria de Mario Onaindía (1948-2003), uno de los condenados a muerte en el famoso Juicio de Burgos, del que en diciembre se cumplen 40 años. Onaindía fue quien estando al frente de Euskadiko Ezkerra (EE), partido nacido de ETA Político-militar, mantuvo en 1981-82 un pulso con los jefes de esa organización armada que terminó con la disolución de la misma a cambio de un proceso de reinserción negociado por abogados próximos a EE. Los jefes de la otra ETA, la Militar, sacaron de esa experiencia la consecuencia de que si dejaban que mandasen los políticos, estos acabarían por obligarles a disolverse, y desde entonces han hecho lo posible por evitarlo.

Dos condiciones: negativa a la negociación y no tomar medidas irreversibles antes de la retirada definitiva

Batasuna ha venido acatando la autoridad de los encapuchados; pero su ilegalización, unida a la debilidad del brazo armado, ha propiciado que algunos de sus líderes hayan llegado a la conclusión de que su futuro político depende de que sean capaces de llevar a ETA a su disolución.

¿Será capaz Otegi de convencer a los que ahora mandan en ETA? No es seguro, pero está mejor situado que otros que lo intentaron. Porque estuvo en la cárcel como miembro de ETA y sigue estándolo como dirigente de Batasuna; y porque sabe que es la única oportunidad de que su partido sobreviva al declive de la banda. En su reciente entrevista dice cosas que seguramente hubiera soslayado en un artículo. Pero las ha dicho, y por escrito, yendo tal vez más allá de lo previsto, y ya no tiene posibilidad de dar marcha atrás. Por ejemplo, y pese a avanzar con cautela de buey (como decía Ibarretxe), ha dicho que la estrategia para alcanzar los fines de la izquierda abertzale es incompatible con la prolongación de la violencia.

En su libro de 2005 Mañana, Euskal Herria, se había acercado a esa conclusión: "Si no convencemos a la ciudadanía de que es mejor ser independientes, no vamos a ser independientes" (pág. 175). Precisado que "una mayoría independentista en el país tendría que ser suficientemente contundente y lo suficientemente equilibrada para que la izquierda abertzale diera ese paso" (pág. 212). La posibilidad de convencer (de "seducir", dice ahora) a la mayoría no es algo que pueda lograrse a bombazos.

Sin embargo, el planteamiento de fondo era que si se había llegado a una situación que hacía superflua la violencia era gracias a la lucha (armada), que había impedido la consolidación de la reforma posfranquista; y que ahora se trataba para los suyos de recoger los frutos (mediante la negociación) de su acierto al no aceptar integrarse en el sistema. Esa sigue siendo la frontera que separa a Otegi y Batasuna de la democracia: que se consideran acreedores de compensaciones políticas a cambio de la retirada de ETA. Admiten ya que el primer paso debe ser el cese unilateral de la violencia, pero como requisito previo para una negociación de los puntos centrales de su programa, cuya aceptación se considera "piedra angular para un futuro de paz" (Tasio Erkizia). Si el fin de ETA quedara condicionado a un acuerdo sobre ese programa no habría fin de ETA, sino argumentos para que la banda volviera a descubrir motivos para seguir: remover los obstáculos, convencer a los reticentes, etcétera.

La primera condición para que la situación actual desemboque en el fin de ETA es, por tanto, que Gobierno y oposición mantengan su rechazo a cualquier negociación política. La segunda es actuar con inteligencia en relación a los dos incentivos que ahora tiene Batasuna para convencer a ETA: la posibilidad de participación electoral (con otras siglas); y la reinserción de los presos.

Sobre lo primero se ha creado una gran confusión. No es cierto que el Gobierno haya rebajado el nivel de exigencia para que Batasuna pueda recuperar la legalidad. O convence a ETA o rompe con ella. Pero en ese orden: después de muchos años en los que la presencia de ETA ha establecido una frontera entre amenazados y libres de amenaza de la que se ha beneficiado, Batasuna está moralmente obligada a conseguir la desaparición definitiva de ETA para poder participar en igualdad de condiciones en la pugna electoral; solo si se hace evidente que lo ha intentado pero no logrado bastaría una condena como "contraindicio" (dice el Tribunal Constitucional) de que se mantiene la vinculación con ETA que motivó su ilegalización.

El consenso PSOE-PP sobre la reinserción es posible en los términos expresados el lunes por Dolores de Cospedal: "Un Gobierno y un Estado democrático podrán hablar de otras cosas", pero solo "cuando ETA haya desaparecido". Tomar medidas antes de tiempo tendría el efecto de desactivar los movimientos de reinserción individual que están minando el frente carcelario de ETA. Además, la oposición radical de las asociaciones de víctimas, cuya opinión ningún Gobierno podría soslayar, impediría plantear ahora medidas de gracia. Sin embargo, es más que probable que esa resistencia ceda en pocos meses o años tras la desaparición definitiva de ETA. Pero ni un minuto antes.