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La Intervención del Estado acredita contratos ilegales en Santa Coloma

El 'caso Pretoria' cumple un año con una lista de 20 imputados

La Audiencia Nacional cuenta hoy con un documento más que acredita las presuntas irregularidades en la adjudicación de obras y servicios que se cometieron en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet y que constan en el sumario del caso Pretoria. Los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado requeridos por el juez detallan en su informe al menos cuatro anomalías en los contratos examinados: dos a lo largo de la promoción del complejo de ocio Cubics, el epicentro de la trama, y dos más en los acuerdos con la empresa de limpieza Limasa, cuyo responsable, Manuel Carrillo, está encausado.

Un año después del registro que efectuó la Guardia Civil en el Consistorio que presidió el también imputado Bartomeu Muñoz, los abogados de los 20 encausados por el caso tienen en sus manos el informe pericial de la Intervención. En este año, la instrucción ha reunido 38 tomos y alrededor de 13.500 folios a la causa principal, a la que hay que sumar otras 16 piezas separadas.

Las anomalías en el complejo Cubics se remontan a su primera adjudicación

El informe, al que ha tenido acceso este diario, señala que las presuntas irregularidades en la operación de Cubics, que generó unas plusvalías de 18,6 millones, se remontan ya a su primera adjudicación, formalizada el 6 de noviembre de 2003. En la subasta para hacerse con los terrenos municipales, la UTE de tres empresas formada por Proinosa, Riera y Excover presentó, según destaca el informe en mayúsculas, una oferta técnica que "no se ajusta al pliego de prescripciones técnicas". Este exigía que se levantaran 10.000 metros cuadrados de superficie hotelera, mientras que la oferta la reducía a más de la mitad, a 4.860 metros. "A pesar de ello, la comisión técnica, en su informe del 14 diciembre de 2001, dice que es conforme al pliego", agregan los peritos.

El 4 de noviembre de 2004, prosiguen los técnicos, se modificó el plan de urbanismo, de forma que la superficie hotelera se reduce todavía más y, en cambio, se incluyen 12.000 metros cuadrados de vivienda libre y 8.009 de protegida. Los equipamientos comerciales, concluyen los peritos, no llegan "ni tan siquiera al mínimo exigido" en el concurso y la oferta no "puede ser realizada en sus propios términos". Fuentes jurídicas consultadas explicaron que tal modificación puede ser motivo para tener que convocar un nuevo concurso.

El informe de la Intervención General también señala irregularidades en la adjudicación del servicio de limpieza a Limasa, otra de las empresas que cita el sumario del caso. Los peritos se detienen en las prórrogas extracontractuales para las tareas de limpieza de las escuelas y los centros oficiales del Ayuntamiento. El 12 de diciembre de 2002, un acuerdo entre las dos partes precisaba que el contrato se alargaría hasta diciembre de 2008. El contrato duraría, pues, ocho años, cuando la ley establece que no pueden ser de más de dos años y, en caso de acordar una prórroga, de cuatro.

Tampoco el contrato de 2009 con Limasa, según los interventores, cumple "el pliego de prescripciones" al incluir las horas sindicales para el cálculo total del tiempo del contrato. Precisamente, en el último informe de la Guardia Civil constan conversaciones entre Muñoz y la directora de Servicios Territoriales, Gemma Fernández, en la que esta le explica que en el concurso la mejor oferta era de otra empresa, no de Limasa "Al final de todo, la mejor oferta es Rubatec. ¿Hay mucho compromiso con Carrillo?", le pregunta. Muñoz asiente.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 27 de octubre de 2010