El caso de la prostitución de Lugo salpica a 11 mandos y agentes policiales

Cuatro policías nacionales adscritos a la comisaría de Lugo forman parte, desde ayer, de la amplia lista de imputados en la Operación Carioca, que, auspiciada por el Juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad, investiga, desde hace un año, presuntos delitos vinculados a la prostitución. Ayer fue un día de actividad frenética en la Comandancia de la Guardia Civil, adonde llegaron agentes de la Unidad de Servicios Internos del instituto armado procedentes de Madrid para hacer efectivas las cuatro órdenes de detención que ya se habían cursado la semana anterior.

Los cuatro policías implicados, a los que en un principio se investiga, entre otros, por presuntos delitos vinculados a la prostitución y contra los derechos de los trabajadores, pertenecen todos a la escala básica, uno de ellos con graduación. Tres de los detenidos forman parte de la brigada de Seguridad Ciudadana y uno a la Policía Judicial. Además, dos de ellos son hermanos.

Uno de los cuatro efectivos tuvo que ser escoltado desde su destino vacacional

Antón Louro calificó de cuestión "muy puntual" las imputaciones

De los cuatro tan solo uno tenía asignado servicio en el día de ayer. La Policía Judicial lo trasladó hasta la sede de la Comandancia de la Guardia Civil, donde ya se encontraban otros dos compañeros. Fue necesario más tiempo para dar con el cuarto de los implicados, ya que estaba pasando unos días de vacaciones en la alta montaña de Lugo y no tiene permiso de conducir, por lo que fue necesario ir a buscarlo.

A última hora de la tarde, los cuatro agentes de la policía nacional todavía continuaban en las dependencias de la comandancia y no estaba previsto, al menos inicialmente, que pasaran a disposición judicial hasta hoy.

La imputación se acogió con cierta extrañeza en el entorno de los detenidos, sobre todo porque ninguno estaba adscrito a la unidad de extranjería, que en su día fue objeto de un registro en la sede de la comisaría lucense, también en el marco de esta misma operación que empezó a fraguarse en la madrugada del 16 de octubre de 2009, y cuya fase de instrucción podría estar a punto de concluir.

En cuanto trascendió la noticia, el secretario en Galicia de la Unión Federal de Policía (UFP), Miguel González, reclamó que prevalezca la presunción de inocencia para los cuatro imputados, a la vez que proclamó el "máximo respeto" para la justicia con las investigaciones. En cambio, González no ocultó su contrariedad por el hecho de que hubieran trascendido las detenciones en un asunto que se encuentra bajo secreto de sumario. "Choca que estas cosas sucedan así", subrayó.

Mientras tanto, la única opinión oficial que se vertió sobre este asunto estuvo a cargo del delegado del Gobierno en Galicia, Antón Louro, quien vinculó con una cuestión "muy puntual" cualquier conducta que se pueda considerar como impropia de un miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Louro se afanó por expresar "todo el respeto y apoyo" de los poderes públicos hacia la actuación judicial que en este caso realiza la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara Cifuentes, a la vez que explicitó el deseo de que su trabajo sirva para clarificar "cualquier irregularidad", que, de existir en el ámbito policial, "sólo cabría entender como muy puntual", insistió.