Inmigración y salud

Recientemente han vuelto a aparecer declaraciones de políticos que relacionan los problemas de saturación de la atención sanitaria con los inmigrantes y que pretenden dificultar el acceso a la atención sanitaria de los inmigrantes no regularizados. Convendría hacer algunas reflexiones sobre el tema.

Primero, la población inmigrante es mayoritariamente joven y sana.

Por otra parte, la demanda de los inmigrantes no supone un problema especial para la atención sanitaria. Los inmigrantes tienen menor demanda asistencial que la población española, así lo demuestran estudios de Madrid, Cataluña y Aragón. Es más, el estudio aragonés ha identificado que el consumo de fármacos de los inmigrantes es inferior al de la población española de la misma edad.

Resulta, pues, falso y malintencionado culpar a la inmigración de una utilización abusiva e inapropiada de los recursos sanitarios.

Hay que tener también en cuenta que la financiación de la sanidad no esta vinculada a la Seguridad Social. Desde 2001 se basa en el IVA y en los impuestos especiales. Cuando se consume cualquier producto se está financiando la sanidad, por eso todas las personas que están en España, legal o ilegalmente, contribuyen, y es injusto que los inmigrantes sin papeles financien la atención sanitaria y a la vez impidamos que reciban sus prestaciones.

Para finalizar, la presencia de grupos de población que carecen de atención sanitaria es un riesgo para todos los demás, porque pueden constituirse en reservorios de enfermedades transmisibles. Aunque solo sea por egoísmo nos interesa que todos tengan acceso a la atención sanitaria, y el ponerles trabas y excluirlos supone un riesgo suplementario para la salud de todos.

Algunas comunidades autónomas establecieron unas tarjetas sanitarias especiales a la que tenían acceso los inmigrantes sin regularizar, y el empadronamiento ha permitido también que pudieran tener atención sanitaria. Las propuestas que se hacen son inasumibles desde el punto de vista sanitario y de ponerse en practica supondrían no solo una injusticia sino además un riesgo para la salud de los ciudadanos españoles.