El último informe policial detalla más despilfarros del Gobierno de Aguirre

La rapiña de la red Gürtel en todas las consejerías de la Comunidad de Madrid le llevó a facturar en cuatro años varios millones de euros directamente y otro millón a través de sociedades pantalla por los actos presididos por Esperanza Aguirre. Y casi siempre con adjudicaciones a dedo que nunca superaban los 12.020 euros con la finalidad de evitar los concursos públicos, según la investigación judicial de este caso de corrupción. En el listado, que incluye el último informe policial incorporado al sumario, se encuentran eventos como la presentación en 2005 de los 174 nuevos bomberos de la Comunidad. En una sola jornada de trabajo las empresas de la trama y las pantallas libraron hasta ocho facturas diferentes: Kilda Producciones (11.832); Rafael (5.329); Dimo Stand (11.774); Quasar Iluminación y Sonido (4.930); Aekio (4.118) y Mediática Producciones (4.234), que fueron las sociedades ligadas a la trama que cobraron por organizar el acto. Pero los integrantes de la red Gürtel no tenían bastante con los 37.973 euros que habían conseguido de Aguirre, por lo que enviaron dos recibos más: de 5.921 y 4.977 euros, elevando la cifra total hasta los casi 50.000 euros que abonó la Consejería de Justicia e Interior, según el informe de la investigación judicial.

El Grupo Rafael, vinculado a la red Gürtel a través de contratos de la Comunidad, cobró 10.336 euros por un trabajo de "adaptación del atril de Presidencia", que utilizó la presidenta Esperanza Aguirre. También llama la atención que la visita del entrenador de baloncesto universitario de EE UU Ken Carter, conocido por impedir que sus jugadores jugaran un campeonato por sus malas notas, y que se retrató con Aguirre, tuvo un coste de 12.000 euros, que se incluyó en la partida Campeonatos Escolares, y que fueron pagados a dos empresas pantalla.

También Presidencia abonó a seis empresas de Correa más de 58.000 euros por un único acto de Aguirre: los premios a la Tolerancia Raúl Rivero (Mediática Producciones, Aekio, Quasar, Dimo Stand, Kilda y Rafael). Otro ejemplo de despilfarro fue la contratación de la campaña denominada Gracias a todos. Agradecimientos a los médicos, que costó al erario público más de 17.000 euros, que fueron a parar a Servimadrid y Kilda.

La argucia de trocear los contratos fue precisamente uno de los consejos de Correa a uno de sus alumnos aventajados, el ex viceconsejero de Inmigración, Carlos Clemente Aguado, quien según la policía era junto al funcionario de Alberto López Viejo, Pedro Rodríguez Pendás, quien solicitaba los eventos directamente a las empresas de la trama, también indicaba los conceptos, cantidad y el fraccionamiento de las facturas que había que hacer. En concreto, la empresa de la trama Good and Better le remite copia de los actos celebrados para el Ejecutivo regional con indicación del importe y la empresa pantalla que lo facturaba. Precisamente los imputados Carlos Clemente Aguado y Pedro Rodríguez Pendás eran, según la policía, quienes se encargaban de adjudicar y cobrar los trabajos del Grupo Rafael, según el informe.

La relación económica entre las empresas de Correa y del Grupo Rafael era mediante un sistema de compensación entre las facturas que ya habían cobrado las sociedades pantalla a la Comunidad y las facturas que las sociedades de Correa emitían a estas. El modus operandi de la red se iniciaba al prestar un servicio por parte de las sociedades de la trama a las consejerías. Sin embargo, la emisión de los recibos corría a cargo de las sociedades pantalla del Grupo Rafael y otras. El cobro lo gestionaban Carlos Clemente Aguado o Pedro Rodríguez Pendás con la responsable de las cuentas de la red Gürtel en Madrid, que era Isabel Jordán.

Las gestiones de ambos lograron alterar incluso el proceso de contratación de la Comunidad. En algunos casos, se saltaban a la torera la obligatoriedad de aprobación previa de las dotaciones presupuestarias destinadas a cubrir el costo del objeto contratado. En alguna ocasión, según la policía, se produce una alteración del proceso de contratación, de forma que primero se ejecuta el acto y se emiten las facturas al órgano administrativo sin una previa existencia de crédito presupuestario. Posteriormente se busca su encaje en una partida presupuestaria: los Premios Siete Estrellas.

El propio Rodríguez Pendás, mano derecha del ex consejero López Viejo, en su declaración ante el magistrado, negó cualquier responsabilidad sobre la contratación de los actos: "Yo no tenía ninguna competencia ni relación directa o indirecta con la contratación ni la facturación de los eventos de ninguna consejería de la Comunidad. Afirmo con rotundidad que mi papel era irrelevante en todo el procedimiento administrativo. Siempre actué siguiendo instrucciones directas de Alberto López Viejo. Simplemente ejecutaba lo que me ordenaba".

Rodríguez Pendás explicó también que no tenía capacidad para proponer "y mucho menos" para elegir las empresas que realizaban los eventos. "López Viejo me decía con qué empresa había que contactar para cada evento, cuando había que hacerlo, qué había que solicitar y quién era la persona de contacto". "Cada consejería organizaba o promovía sus eventos o actuaciones publicas, pero tan solo en el caso de que se acordara la presencia de la presidenta de la Comunidad, solo entonces, participaba en la organización la Consejería de Presidencia", en la que trabajaba Pendás.

El colaborador de López Viejo sostuvo ante el juez que nunca sospechó que los contratos eran ilegales: "Lo normal en mi caso es suponer que todo se hacía de la manera acordada y por supuesto de forma legal. La prueba para mí de que se hacían las cosas del modo acordado es que no se hizo un evento o dos y luego se cambió el procedimiento. Se hicieron así todos durante los años que López Viejo fue responsable de los actos públicos de la presidenta".

Además, en su declaración asegura haber oído a los responsables del Ejecutivo regional que los contratos se formalizaban de acuerdo con la legalidad. "Por tanto, mi percepción ha sido siempre la misma que la que tenían los responsables políticos y legales de la contratación y la facturación de los eventos".