La Generalitat multó en 2009 a 94 empresas por no etiquetar en español

Las denominadas "multas lingüísticas", generalmente referidas a sanciones impuestas por marginar el catalán en el ámbito comercial, han sido fuente permanente de conflicto durante toda la legislatura. El Partido Popular y, sobre todo, Ciutadans las han utilizado para asegurar que en Cataluña hay una persecución de la lengua castellana. Pero el catalán no es el único idioma protegido con multas. Según datos a los que ha tenido acceso EL PAÍS, la Agencia Catalana de Consumo (ACC) de la Generalitat, impuso el año pasado 94 sanciones a empresas por no etiquetar en castellano, de un total de 205 actas abiertas por esta infracción. En el mismo periodo, la Administración abrió expediente sancionador a 152 comercios por vulnerar la política lingüística catalana, con un montante de 148.100 euros, según los últimos datos oficiales.

"La regulación, en el caso del etiquetaje, es favorable al castellano. Hay cerca de 120 leyes estatales que obligan a etiquetar en español", aclara Jordi Anguera, director general de la ACC. La infracción la cometen, sobre todo, distribuidoras de alimentos extranjeros. Las normas son claras; salvo excepciones, se obliga a marcar los productos en español, como dice la Ley General de Consumidores y Usuarios, actualizada 2007: "Las indicaciones obligatorias del etiquetado (...) deberán figurar, al menos, en castellano, lengua española oficial del Estado". Las competencias de consumo están traspasadas a las comunidades autónomas, por eso Cataluña tiene potestad para formular sus propias leyes, aunque debe hacer cumplir las estatales. Sin perjuicio de que imponga la protección del catalán, también debe vigilar la utilización del castellano.

"Las multas idiomáticas no son homologables. En el catalán miramos todos los aspectos que hay que proteger; en el castellano, solo tenemos problemas con el etiquetaje", especifica Anguera. En el resto de aspectos relacionados con el consumo, asegura, no han debido sancionar porque "siempre está disponible en castellano".

La Agencia Catalana de Consumo no anuncia sus multas, aunque este año hizo una excepción con cinco grandes empresas. Entre ellas, multó a la multinacional del mueble Ikea con 8.000 euros por varias deficiencias en la información al consumidor; entre otras, no disponía del etiquetaje en castellano. Los problemas habituales, sin embargo, se encuentran en productos alimentarios de otros países, solo etiquetados en la lengua de origen. El auge de estos artículos, asevera el director general de la ACC, hace que en lo que llevamos de 2010 la cifra de multas ya sea similar a la del año anterior. "Cada vez hay más tiendas especializadas en productos internacionales, para dar cobertura a mucha inmigración que desea seguir cocinando productos de casa", completa Anguera.

La Generalitat no especifica qué cantidad recibió por las 94 multas que puso el año pasado, ya que estas infracciones se clasifican como deficiencias de información, al contrario de lo que pasa con la protección del catalán, que tiene capítulo propio. Ambas sanciones son tipificadas como leves: hasta ahora, no subían de 3.000 euros, una cifra que con el recién aprobado Código de Consumo asciende hasta 10.000 euros.¿Y qué pasa con los productos solo etiquetados en catalán? La Generalitat se salva de sancionar, puesto que casi la totalidad de estos casos se dan en productos tradicionales. La legislación permite, en los alimentos con denominación de origen, etiquetar solo en catalán si se venden solo en Cataluña.

Los más combativos con las multas lingüísticas cambian de opinión cuando el idioma que se protege es el castellano. José Domingo, el diputado que durante la última legislatura ha sido el azote de la política lingüística de la Generalitat desde el Grupo Mixto, modula su discurso: "Las normas de etiquetaje no se imponen por razones lingüísticas, sino por salud y seguridad. Me parecen bien, en la medida que se garantiza la seguridad de los consumidores", opina. Domingo

lamenta que, en el caso de las multas por proteger el catalán, haya asociaciones que se dediquen a "perseguir y denunciar" a los comercios que incumplen la norma.

Esto no pasa con el castellano. Aparte de las inspecciones habituales, la ACC solo recibe denuncias para estos casos desde organismos públicos. Por ejemplo, una de las últimas actas -que supuso una multa de 3.000 euros- se abrió mediante un informe de la Guardia Civil, que inspeccionaba la empresa sancionada por un impago en los aranceles. Encontró infusiones, salchichas y productos precocinados que no estaban etiquetados en castellano.