Distribuye mal los esfuerzos

La política económica del Gobierno en los últimos años, exprimiendo un modelo productivo apoyado en el crecimiento del precio de la vivienda, ha influido decisivamente en la situación de la economía española al erosionar sus fundamentos. El aumento del gasto público convivía con una política tributaria que rebajaba los impuestos sobre la renta sin apenas voluntad política de luchar contra el fraude, al abrigo de una situación excepcional de ingresos con origen en operaciones inmobiliarias. La presión fiscal española en 2009 (34,7% del PIB) es inferior en 6,3 puntos del PIB a la media de los países de la zona euro, y sin introducir cambios significativos será muy difícil aumentar los ingresos, dado que el severo descenso en la recaudación observado respecto a 2007 tiene más que ver con la dependencia de las citadas operaciones que con el ciclo económico y, por lo tanto, no van a volver en mucho tiempo.

En este contexto, los PGE 2011 del Gobierno introducen recortes indiscriminados que repercutirán negativamente en la demanda agregada, en un momento de reducida actividad, además no favorecerán la productividad del sector público y las necesarias inversiones productivas, lo que golpeará más a las personas sin empleo.

Los PGE son una herramienta esencial para redistribuir la riqueza, pero el Gobierno pierde una nueva oportunidad. Los PGE 2011 deberían haber contribuido a recuperar la actividad económica y el empleo; a posibilitar el incremento de los recursos para abordar inversiones públicas selectivas y reforzar las redes de protección social; a diseñar una política industrial con mayor inversión en I+D+i; a cambiar el patrón de crecimiento; a restablecer los compromisos con la atención a las personas dependientes; a reformar el sistema educativo, sobre todo la formación profesional, para vincularlo más y mejor a las necesidades del tejido productivo; a combatir el déficit a partir de las prioridades citadas.

Sin embargo, el Gobierno ha circulado por otras avenidas; ha vuelto a ser sensible a las demandas del liberalismo económico, atendiendo a los mercados y lobbies financieros, y ha profundizado en la quiebra de la cohesión social. Estamos, en consecuencia, ante unos Presupuestos Generales del Estado injustos en la distribución de esfuerzos, que no ayudarán a generar empleo y debilitarán aún más la situación de los sectores menos favorecidos.

Ignacio Fernández Toxo es secretario general de Comisiones Obreras (CC OO).