El abogado de Yagüe sugiere que la Policía alteró pruebas

Pablo Luna, el abogado de la ex alcaldesa de Marbella (Málaga) Marisol Yagüe, trató ayer de derribar uno de los pilares del caso Malaya: la documentación informática intervenida en la sede de la sociedad Maras Asesores y que los investigadores utilizaron para acreditar la supuesta red de sobornos tejida por el ex asesor de urbanismo marbellí Juan Antonio Roca.

El abogado de Yagüe sugirió que los policías examinaron y seleccionaron los soportes informáticos antes de entregarlos en un sobre sellado en sede judicial, por lo que rompieron la cadena de custodia y vulneraron el derecho a un proceso con todas las garantías.

El letrado planteó sus pegas a la instrucción dentro de la fase de cuestiones previas, en la que ya han intervenido la mitad de los 95 procesados. Luna incidió en que los agentes llevaron al juzgado los soportes informáticos el 29 de mayo de 2006, dos meses después de los registros, y que, sin embargo, el 23 de mayo de 2006, ya habían presentado un informe de avance sobre su contenido. Después trató de suavizar su acusación. "No estamos acusando a personas, (...) criticamos la forma y manera en la que se hizo", matizó.

A toda velocidad

El abogado, que también solicitó la nulidad de las escuchas y los registros, se cuestionó la autenticidad de la documentación y habló de "registros subrepticios". Tal y como ya han hecho otras defensas, criticó la forma en la que fue detenida la ex regidora marbellí, para la que el fiscal pide 20 años de prisión. "La trasladaron a velocidades de Fernando Alonso para preguntarle si era alcaldesa y si conocía a Juan Antonio Roca", detalló. También solicitó que se sacaran del procedimiento todas las acusaciones relacionadas con la participación de Yagüe en la redacción de los convenios, algo por lo que, según Luna, no se le ha preguntado en ninguna de sus tres declaraciones.

La mayor parte de la sexta sesión del juicio la ocuparon los abogados del empresario Andrés Liétor. El procesado granadino se enfrenta a una petición fiscal de 22 años de prisión, la segunda más alta después de la de Roca. El letrado Manuel Sanchís consideró que el caso Malaya debería juzgarse en la Audiencia Nacional y someterse a un jurado. Su compañera, Susana Pizarroso, planteó la nulidad de prácticamente todas las actuaciones, incluso las que afectan a otros procesados.