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Duelo crucial por el poder del Constitucional

La candidatura a presidir el tribunal de Manuel Aragón, el magistrado que ayudó al recorte del Estatuto catalán, desata presiones y maniobras entre los partidos

El magistrado del Tribunal Constitucional Manuel Aragón, cuyo voto inclinó la balanza a favor de incluir en el fallo de la sentencia del Estatuto catalán que las referencias a Cataluña como "nación" carecían de eficacia jurídica, se perfila como próximo presidente del alto tribunal. Cuenta con el previsible apoyo de todo el bloque conservador frente al otro posible candidato, el magistrado Pascual Sala.

Según fuentes jurídicas, Aragón, catedrático de Derecho Constitucional, cuenta con el respaldo del amplio sector de catedráticos de esa especialidad que encabeza el actual presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio Llorente, y al que también pertenece el ex presidente del Constitucional Manuel Jiménez de Parga. Aragón representa, junto a Jiménez de Parga, el sector menos proclive a la extensión del desarrollo autonómico, pese a lo cual tiene el apoyo del ministro de Justicia, Francisco Camaño, catedrático de Derecho Constitucional como él y que le prefiere frente a un juez de carrera como Sala.

CiU y ERC están muy molestos y prefieren a Pascual Sala

La promoción de Paloma Biglino dará la presidencia a Manuel Aragón

Además de esos apoyos dentro de los constitucionalistas afines al PSOE, Aragón es el candidato preferido por el sector conservador del tribunal, junto al que cerró filas hasta conseguir que el fallo de la sentencia del Estatuto catalán contuviese una mención expresa a la devaluación del término "nación". De hecho, Aragón fue el artífice del resultado final de la sentencia, al hacer fracasar la ponencia de la magistrada Elisa Pérez Vera, tras haber introducido ésta numerosos cambios en el texto auspiciados por Aragón.

Sin embargo, CiU y ERC han transmitido al Gobierno que no quieren que Manuel Aragón sea presidente, que prefieren a Pascual Sala y que el asunto será objeto de dura confrontación política. Sobre todo, en vísperas de las elecciones catalanas. Aseguran que el Gobierno les ha trasladado que propondrá en el Congreso al catedrático de la Universidad de Barcelona Eliseo Aja, próximo a tesis de los nacionalistas.

Los dos partidos catalanes están ya muy molestos y así se lo han hecho saber al Gobierno porque no se ha nombrado a ninguno de los propuestos en el Senado por el Parlamento catalán y en concreto a Encarnación Roca, a pesar de que ese procedimiento se puso en marcha precisamente por exigencia del Estatuto. Según fuentes judiciales, Encarnación Roca, catedrática y magistrada de la Sala Civil del Supremo, fue sustituida a última hora, por su proximidad a Pascual Sala, por la catedrática del País Vasco Adela Asúa.

En principio, la renovación del Constitucional debería hacerse en dos fases: primero, la de los cuatro magistrados nombrados por el Senado que hace tres años han cumplido su mandato, y posteriormente la de los magistrados propuestos por el Congreso, que finalizan su mandato el próximo 7 de noviembre.

Cuando se produzca la renovación de los del Senado, saldrán del alto tribunal la presidenta, María Emilia Casas, de talante progresista; el vicepresidente Guillermo Jiménez y los magistrados Vicente Conde y Jorge Rodríguez-Zapata, estos tres últimos del bloque conservador. Serán sustituidos por Luis Ortega y Adela Asúa, propuestos por el PSOE, y Francisco Hernando y Francisco Pérez de los Cobos, propuestos por el PP. La salida de tres conservadores y la entrada de dos, unida a que sigue vacante en ese sector la plaza del fallecido Roberto García-Calvo, dejaría una configuración del tribunal de siete magistrados progresistas y cuatro conservadores, antes de la renovación de los del Congreso.

Si tras la renovación de los del Senado el alto tribunal decide hacer una primera elección de presidente, todas las opciones están abiertas: podría ser un presidente de transición, según la norma no escrita de que la presidencia recae en uno de los magistrados del tercio que más tiempo lleva en el Constitucional: el conservador Javier Delgado, o los progresistas Elisa Pérez Vera y Eugeni Gay. Pero dada la proximidad en la renovación de los antes citados, la elección podría decidirse entre los cuatro que seguirán en el alto tribunal hasta 2013: Sala, Aragón, Pérez Tremps y el conservador Rodríguez Arribas.

Aragón no contaría con el voto de sus actuales compañeros del sector progresista, de los que quedó muy distanciado tras la sentencia del Estatuto. En el alto tribunal se da por seguro que ni Pérez Vera, ni Sala, ni Pérez Tremps votarían a Aragón. Tampoco lo haría Gay, distanciado tanto de Sala como de Aragón, y que podría votarse a sí mismo. Sin embargo, los cuatro magistrados conservadores votarían a Aragón y éste, con su propio voto, sumaría cinco sufragios. Los mismos que podría alcanzar Sala suponiendo que los catedráticos Ortega y Asúa -cuyo voto es una incógnita- votasen con el sector progresista en esta primera ocasión, en vez de hacerlo con los conservadores. Solo en tal supuesto Sala saldría elegido por su mayor edad. También podría serlo Aragón, si al menos uno de los dos nuevos magistrados progresistas le vota.

Pero aún en el supuesto de que saliera Pascual Sala, o incluso Aragón, cuando lleguen los magistrados del Congreso se tendría que volver a someter a una nueva elección el cargo de presidente. Y de los dos posibles candidatos del PSOE por el congreso, los catedráticos Eliseo Aja y la directora del Centro de Estudios Constitucionales, Paloma Biglino, al menos esta última se considera un voto fijo para Aragón.

Según todas las fuentes consultadas, si Biglino es promocionada por el Congreso, la presidencia recaerá en Manuel Aragón de forma casi inevitable. Tras la renovación de los designados por el Congreso, la configuración definitiva del alto tribunal debería quedar en siete magistrados progresistas frente a cinco conservadores. Al voto para Aragón de los cinco jueces del bloque conservador se unirían el de él mismo y el de Biglino, con lo que obtendría los siete sufragios necesarios para ser presidente. La vicepresidencia recaería sobre el conservador Ramón Rodríguez Arribas.

Otras fuentes aseguran que aunque se produzca la renovación en dos fases habrá una única elección de presidente cuando hayan tomado posesión los ocho nuevos magistrados. Según esas fuentes, los magistrados Javier Delgado, Elisa Pérez Vera y Eugeni Gay, que finalizan su mandato el 7 de noviembre, carecerían de legitimidad para votar a un nuevo presidente para unas pocas semanas, mientras permanecen "en funciones". En tal caso, y hasta que se verifique la llegada de los magistrados del Congreso, a María Emilia Casas la sustituiría interinamente el magistrado de mayor edad, Javier Delgado Barrio. Después, si Biglino va al Constitucional, Aragón sería presidente.

El Gobierno preferiría retrasar la elección hasta después de las elecciones catalanas del 28 de noviembre para evitar el efecto negativo que tendría en Cataluña el posible nombramiento de Manuel Aragón. Fuentes del Grupo Socialista aseguran que la renovación en el Senado no se demorará más allá del 17 de noviembre.

El PP considera que es imposible que se elijan simultáneamente en el Congreso y en el Senado. Explican que el Gobierno tiene que cumplir su compromiso de que el Congreso elija a Enrique López, vetado durante años por el PSOE y aceptado ahora para desbloquear la renovación.

Para eso hay dos vías: esperar a que a finales de noviembre cumpla el requisito de 15 años de ejercicio en la carrera judicial o que el Tribunal Constitucional no rechace su idoneidad, tras los recursos de los parlamentos de La Rioja y Madrid. Para el PP, es irrenunciable esperar a que pueda estar Enrique López.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 18 de octubre de 2010