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175 años de prisión para siete gitanos por agredir a la policía

El juzgado de lo penal número 2 de Ferrol ha condenado a siete personas de etnia gitana a 25 años de cárcel cada una por agredir a varios policías en el poblado de Catabois en 2004. La Asociación del Pueblo Gitano de Galicia (APG) considera la sentencia discriminatoria, por lo que recurrirá a la Audiencia Provincial y asegura que está dispuesta "a llevar el caso al Tribunal Constitucional".

El 28 de octubre de 2004 varios agentes de policia acudieron al poblado de Catabois para buscar unos neumáticos robados. Según la APG, entraron "de paisano y sin identificarse y agredieron a una mujer". Decenas de personas rodearon a los agentes, los increparon y los atacaron con hierros y palos. Uno de los policías hizo tres disparos al aire para intentar recuperar el control.

Varios agentes sufrieron lesiones graves y a uno de ellos se le otorgó la incapacidad absoluta por las secuelas psicológicas. El resto tuvo contusiones de distinta consideración. La APG asegura que condena la agresión "venga de donde venga" pero considera la sentencia "injusta" y que "se han violado derechos fundamentales y no ha habido la suficiente garantía de defensa para los acusados".

Según Sinaí Giménez, presidente de la Asociación Pueblo Gitano, "se han eliminado de un plumazo documentos importantes de los acusados" y se pregunta: "¿Por qué aparecen las valoraciones forense de los policías y no de los acusados?". Además dice estar "sorprendido" por la incapacitación del agente ya que "un policía debe estar preparado para enfrentarse a gente armada con palos".

La APG recurrirá a la Audiencia Provincial y ayer acudió al Valedor do Pobo para solicitar asesoramiento jurídico. Giménez apunta pretende desmontar los argumentos de los policías y del forense, porque, apunta "no nos los creemos", y asegura que llevarán el caso "al Tribunal Constitucional si hace falta" para que se determine "si la instrucción ha sido legal o no".

La sentencia, que el colectivo gitano califica de "salvaje", condena a 25 años a cada acusado al sumar las penas de tres delitos diferentes de lesiones y "atentado con instrumento peligroso". La duración de la condena se multiplica por el número de policías afectados en cada delito. A esto hay que sumar una indemnización de 405 euros a uno de los agentes por una falta de lesiones.

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